Todas las personas somos únicas y diversas. La diversidad nos enriquece. Esto, que parece una obviedad, hay que repetirlo porque, en pleno siglo XXI, nuestras diferencias generan desigualdades. Y una de ellas la sufren las personas con discapacidad en su inclusión en el mercado laboral.

Decía el físico Stephen Hawking que la discapacidad no debe ser un obstáculo para el éxito. Probablemente, la inmensa mayoría de la sociedad haría suya esta afirmación, pero la realidad sigue empeñándose en contradecirla. Uno de los obstáculos que perviven está en la inclusión laboral: menos de una de cada tres personas con discapacidad en edad de trabajar tiene empleo, lo que supone más de veinte puntos por debajo de la media.

Si el punto de partida es inferior, parece claro que, como sociedad, es imprescindible hacer más esfuerzos para alcanzar la igualdad. Las personas con discapacidad no tienen que ser héroes ni campeones para acceder a un empleo, sino que la colaboración público-privada debe poner todo de su parte para crear más oportunidades.

Desde ese convencimiento, UNEI, con el apoyo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha llevado a cabo el II Estudio de Contratación Social, preguntando por primera vez a 100 empresas andaluzas de más de 100 trabajadores, representativas del tejido económico, su visión sobre la inclusión.

Las principales conclusiones de este estudio invitan a la esperanza. Ocho de cada diez empresas consideran prioritario incrementar la incorporación de personas con discapacidad. En coherencia con lo anterior, la mayoría de las empresas andaluzas –ocho de cada diez–, está integrando la inclusión laboral en su estrategia o tiene previsto hacerlo.

Pero, para incrementar de forma real las oportunidades de empleo, la contratación directa de personas con discapacidad tiene que completarse con la contratación social, es decir, con la elección de proveedores y «partners» que a su eficacia añadan un plus social, como es la inclusión de personas con discapacidad.

También en este caso, los datos permiten ser optimistas: seis de cada diez empresas de Andalucía aplica criterios sociales en la elección de proveedores de manera habitual y, las que lo hacen, en muchas ocasiones coinciden con las que tienen un mayor porcentaje de personas con discapacidad en plantilla. Es decir, que la contratación directa y la contratación social, lejos de ser alternativas, son complementarias. Más allá de exponer los datos recogidos en el II Estudio, que está publicado en la web de UNEI y a disposición de la sociedad y del tejido empresarial, es necesario tomarlo como instrumento para pasar a la acción.

En primer lugar, contribuyendo a visibilizar la discapacidad en el ámbito laboral y empresarial, sin buenismos, ni barreras, ni estereotipos. Con inclusión plena.

En segundo lugar, ayudando a las empresas a identificar y superar dificultades en la inclusión laboral de estas personas, tanto de forma directa como indirecta.

En tercer lugar, posibilitando que la administración por primera vez pueda cotejar sus estadísticas de empleo con la voz de las empresas andaluzas.

Y en cuarto y último lugar, impulsando el crecimiento de las empresas de la iniciativa social, que emplean a personas con discapacidad y que están llamadas a convertirse, como ya lo es UNEI, en referentes de que innovación y discapacidad son, con toda seguridad, un binomio de éxito.

Es un desafío compartido de la sociedad hacer, por fin, las cosas fáciles para un colectivo que siempre lo ha tenido más difícil. Dar la vuelta a las estadísticas no solo es necesario, sino que está cada vez más al alcance. Y el II Estudio de Contratación Social impulsado por UNEI es un avance en el camino para hacerlo posible.