Inspeccionados uno de cada seis VTC tras la nueva regulación andaluza

El conflicto entre el taxi y las empresas de VTC alcanzó su máxima actualidad cuando las comunidades autónomas tuvieron que regular la coexistencia de ambos servicios una vez que el Gobierno de España decidió trasladarles la responsabilidad a las regiones en 2022. En el caso andaluz, tras varios intentos de consensuar un texto que satisfaga a todas las partes, se aprobó el Decreto-ley 8/2022, de 27 de septiembre, que modificó la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. El objetivo era garantizar «el beneficio del usuario y la convivencia en armonía entre el taxi y los VTC, teniendo claro que los VTC están limitados por ley a dar un servicio por precontratación».

Según datos de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda facilitados en una respuesta parlamentaria, desde el 1 de octubre de 2022, fecha de entrada en vigor del citado Decreto-Ley, hasta el 31 de mayo de 2023 –último periodo de inspección disponible–, se han controlado «in situ» por los servicios de Inspección de Transporte de las distintas delegaciones 599 vehículos VTC y se han realizado 89 requerimientos de empresas VTC.

Las inspecciones «in situ» son claves para asegurar una de las diferencias sustanciales entre el servicio de taxi y el de VTC, como es el de la precontratación. Así, el texto legal en vigor define la captación de viajeros y zonas de especial protección, «con el objetivo de facilitar el efectivo control administrativo de la limitación de los servicios VTC al segmento de la precontratación». Igualmente, detalla que «las VTC no pueden circular por la vía pública en busca de clientes, ni propiciar la captación de viajeros que no hubiesen contratado previamente el servicio permaneciendo estacionados a tal efecto».

La normativa apunta que se trata de «una medida necesaria y proporcional, en tanto que persigue atender a la protección de los derechos de los usuarios, además de permitir el ejercicio de las facultades administrativas de inspección con mayor seguridad jurídica».

Se da la circunstancia de que, según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana, a fecha de 1 de enero de este año, en Andalucía hay 3.663 licencias concedidas para vehículos de alquiler con conductor por 8.816 autorizaciones para taxi. Eso supone que el 16% de la flota, uno de cada 6 turismos con conductor, ha sido inspeccionado en algún momento, más allá de que alguno lo haya sido en más de una ocasión.

Desde la Asociación Empresarial VTC Andalucía aceptan la labor inspectora pero reclaman, fundamentalmente, dos cuestiones, según explica a LA RAZÓN su presidente Pablo García-Trespalacios. La primera de ellas es tener acceso a los datos de la Consejería de Fomento para poder realizar un análisis riguroso de los mismos. La segunda, relacionada con la anterior, es que exista «un principio de proporcionalidad» para que el control sea similar entre la flota de taxis y la de los VTC «porque ejercemos la misma actividad. ¿Cuántos taxis se han inspeccionado en este mismo periodo?, se pregunta».

Andalucía es la segunda comunidad autónoma de España con más licencias de VTC. Cataluña, con una normativa muy restrictiva tiene 3.219 autorizaciones –por 12.361 taxis–, mientras que la Comunidad de Madrid lidera ampliamente esta estadística con 8.893 vehículos de este tipo y 15.363 taxis.

Para garantizar las labores de inspección, los conductores de VTC están obligados a acreditar los datos de cada servicio que vayan a iniciar mediante su comunicación al Registro de Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor. Esta es la fórmula que se incluyó para respetar una de las principales reivindicaciones de los taxistas: impedir que puedan deambular y estacionar en el espacio público a la espera de la contratación de sus servicios, a diferencia de los taxis, así como evitar que autorizaciones VTC de otras comunidades presten sus servicios en Andalucía. De hecho, Pablo García-Trespalacios recuerda que han denunciado la llegada de VTC durante la celebración de los Grammy Latinos en Sevilla.

Además de las inspecciones, la consejería de Fomento también ha informado que en el mismo periodo señalado –desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023–, se han formulado 88 actas de denuncias. La Asociación Empresarial VTC reclama que también se inspeccione a los que ejercen la actividad de manera ilegal y advierten del grave problema que se vive en el aeropuerto de Málaga, con coches particulares desarrollando su misma tarea.