El juez exime a Boliden de pagar por el desastre de Aznalcóllar

Boliden, la compañía minera sueco canadiense que explotaba la mina de Aznalcóllar, no tendrá que pagar los 89 millones que le pedía la Junta por los trabajos de limpieza del entorno acometidos tras el desastre medioambiental de hace 25 años. Así lo ha decidido el juez de primera instancia de la Audiencia Nacional de Sevilla tras escuchar tanto a los peritos medioambientales del Gobierno andaluz que dirigieron las tareas de recuperación y descontaminación como a los responsables de la empresa.

De nada han servido los esfuerzos de la Junta de Andalucía para sentar en el banquillo a Boliden, pues el juez no les considera responsable de los pagos reclamados: un total de 89 millones.

La demanda se dirigia, en concreto, contra Boliden-Apirsa y las sociedades del mismo grupo Boliden AB y Boliden BV, manifestando la representación de la Junta de Andalucía al comenzar la vista previa celebrada en septiembre de 2022, que la fractura de la citada balsa de residuos de metales pesados el 25 de abril de 1998 se tradujo en el vertido de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, con efectos sobre unas 4.400 hectáreas que abarcaban incluso zonas en las proximidades del parque natural de Doñana.

La Administración andaluza, según la representación jurídica de la misma, asumió la "intervención coordinada" para combatir el citado macro vertido y restaurar el daño medioambiental, aunque desde un primer momento con la "voluntad" de "repercutir" los gastos afrontados a los responsables de la situación, recordando que Boliden, que desarrollaba su actividad minera a través del citado grupo de empresas, "era titular" de la balsa siniestrada y ostentaba "la mayoría" del capital social de Boliden-Apirsa y del citado grupo de sociedades.

Invocando la doctrina del levantamiento del velo, destinada a combatir los abusos que se suscitan cuando la personalidad jurídica de una sociedad es utilizada como cobertura para incumplir con obligaciones, la representación de la Administración andaluza aseveraba que Boliden-Apirsa, Boliden AB y Boliden BV "no son un grupo societario", sino que conforman "una única titular de la actividad" minera de Aznalcóllar. Del mismo modo, la representación de la Junta defendía que merced a la Ley de Minas, Boliden está "obligada por ley" a resarcir los gastos sufragados para la restauración medioambiental de la extensa zona afectada por la catástrofe.

En su exposición, la letrada representante de la Junta manifestaba que la empresa gestora de la corta minera "intervino en un primer momento" para actuar sobre el vertido de lodos contaminantes, pero después "cesó" en dicha tarea y "no la completó", insistiendo en que corresponde a los entonces responsables del complejo minero compensar a la Administración por los gastos ocasionados.

La Junta recurrirá

El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado que la Junta recurrirá, primero "en apelación", la sentencia conocida este viernes del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla. En un audio tras conocerse la sentencia, ha expresado el "respeto más absoluto" a esta resolución judicial, que "no es firme todavía" y que llega tras 25 años "de peregrinaje jurisdiccional" por parte de la Junta tanto por la vía civil como por la vía administrativa. "Un caso en el que no existen precedentes ni en la jurisprudencia ni en la doctrina y que es parte de la interpretación jurídica del marco normativo aplicable hace 25 años que desde luego desde la Junta de Andalucía no compartimos", ha apuntado.

Fernández-Pacheco ha indicado que el Gobierno andaluz está absolutamente convencido de la existencia "de una responsabilidad por parte del Grupo Boliden y tenemos la firme intención de recurrir esta sentencia primero en apelación y llegar, si fuera necesario, hasta el Tribunal Supremo".

Ha manifestado que, entre los motivos para recurrir, se encuentra que estamos ante una "muy mala noticia para Andalucía y para el medio ambiente", sin olvidar que la Junta ya gastó casi 90 millones de euros en reparar las consecuencias derivadas de un accidente minero "cuya responsabilidad exclusiva entendemos que es imputable al Grupo Boliden".

Otro motivo para recurrir es que uno de los principales valores que defiende el Gobierno andaluz "es el del respeto más absoluto a nuestro entorno natural y por supuesto el principio de que quien contamina paga", según ha apuntado.