La polémica
La ministra Ribera incluye en su plan para Doñana actuaciones en la finca que comprará la Junta
El plan del Gobierno por el ministerio contemplaba «restaurar dos balsas de acuicultura en desuso» en Veta la Palma, adquirida por el Ejecutivo andaluz por 70 millones
La Junta de Andalucía anunció el pasado martes un acuerdo para comprar 7.500 hectáreas de la finca «Veta la Palma» por unos 70 millones de euros. La medida fue acogida con interés por parte de los grupos ecologistas e incluso por el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla. Por su parte, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, acogió la iniciativa con menos entusiasmo y aunque admitió que era una decisión que iba «en la buena dirección» aunque «insuficiente» para hacer frente a las medidas que necesita el Parque Nacional de Doñana.
El valor medioambiental de la finca de Veta la Palma para Doñana es indiscutible. Tanto es así, que la ministra Ribera contemplaba una serie de intervenciones en este espacio –aunque fuera privado– dentro del Marco de Actuaciones para Doñana que presentó en Almonte en diciembre, en plena polémica con la Junta de Andalucía por el apoyo a la Proposición de Ley del Plan Especial de la Corona Norte de Doñana.
El plan de Ribera, que según explicó cuenta con un presupuesto de 356,3 millones de euros, tiene un apartado dedicado a actuaciones de mejora de hábitats de especial interés para la conservación, de acuerdo con Directivas comunitarias de naturaleza y con los Listados españoles en materia de los hábitats y especies. Es ahí donde incluye la restauración en Veta la Palma de «dos balsas de acuicultura en desuso y realizar un manejo hídrico adecuado con los requerimientos ecológicos de la cerceta pardilla, además de instalar infraestructura para llevar electricidad a los equipos de bombeo de agua a las inmediaciones de las balsas».
Igualmente, el plan también contempla la intervención «en una zona de marisma natural sobre una parcela que se inunda de manera natural para favorecer el encharcamiento con los excedentes hídricos del manejo de las balsas de acuicultura y se hará un cerramiento perimetral de 25-30 hectáreas para excluir temporalmente el acceso del ganado y prevenir la depredación de las puestas de cerceta pardilla por jabalíes». En total, según los planes del ministerio «se prevé trabajar en una superficie total de 140 hectáreas».
Este proyecto forma parte de las acciones coordinadas para la recuperación de la cerceta pardilla, que se ejecuta entre 2021 y 2025, tiene el objetivo de mejorar el estado de conservación de 3.000 hectáreas de humedales para revertir el riesgo de extinción de la cerceta pardilla, el pato más amenazado de Europa, y que en España está en situación crítica.
Al margen de este proyecto concreto, el Ministerio abogaba por «acuerdos de custodia del territorio en el entorno del Espacio Natural de Doñana, con el objetivo de involucrar a los propietarios y usuarios privados que desarrollan actividades económicas en humedales del área de distribución de la especie (gestores piscícolas, cinegéticos, regantes, salineros, agricultores)», en clara referencia a la actividad que se venía desarrollando en la la finca –propiedad del grupo Ebro Foods– hasta la fecha. También se apostaba por «lograr el compromiso de los propietarios y el sector privado para la adecuada gestión del hábitat». La cantidad recogida en en este punto era de solo 0,62 millones de euros.
La cuestión es si el plan del Ministerio seguirá adelante una vez que en los próximos meses la finca deberá pasar a titularidad pública de la Junta, que tiene previsto mantenerla a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua.
Todas estos programas anunciados en su día por el Ministerio de Transición Ecológica se financian, según contempla el mismo documento, con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 2021-2027) a través de la Fundación Biodiversidad, que preside la propia ministra Ribera.
Al igual que el ministerio, la intención del Ejecutivo andaluz es abonar la compra de las 7.500 hectáreas de Veta la Palma con fondos europeos.
De momento, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que estuvo ayer en Huelva, valoró postivamente la compra de este humedal por parte de la Junta de Andalucía pero rechazó que este espacio «se convierta en el hábitat de toda la avifauna, tal y como se ha realizado el planteamiento» porque el parque «debe recuperar todas sus condiciones ambientales».
El secretario de Estado insistió en que el Gobierno andaluz pretende «maquillar una posición de abandono de las posibilidades de Doñana para sustituirlas por esta finca» y recalcó que el Ministerio «va a seguir adelante» con su plan de inversiones en Doñana, «más de 350 millones de euros», ya que la adquisición de esta finca «ni ahorra agua, ni aporta agua».
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