Montero negó a Andalucía lo que ahora sí negocia con Junts sobre el techo de gasto

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estudia las exigencias de Junts para modificar el techo de gasto en lo que al reparto del objetivo de déficit se refiere. La propuesta del partido de Carles Puigdemont no es novedosa, ya que son muchas las autonomías que se han quejado de que la Administración General del Estado se queda con la mayor capacidad de déficit en detrimento de las comunidades autónomas. Es más, la propia Montero lo reivindicaba como consejera de Hacienda en Andalucía al Gobierno de Rajoy. La diferencia es que la actual ministra se ha negado siempre a esta propuesta cuando ha venido de autonomías como Andalucía y, sin embargo, ahora, al menos estudia esa vía.

La exigencia de Junts va mucho más allá de lo que han planteado comunidades autónomas como Andalucía. La exigencia de los independentistas catalanes es que las comunidades autónomas –ellos solo hablan de Cataluña– dispongan de un tercio del límite total del déficit, mientras que las peticiones anteriores de otras regiones se centraban en algunas décimas más.

En declaraciones a Europa Press, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, señaló ayer que esto supondría aumentar al 0,8% el margen de gasto de las comunidades. En consecuencia, la Administración Central y la Seguridad Social tendrían que repartirse el 1,7% restante. Este reparto es consecuencia del techo de gasto presentado por el Gobierno de España, que es de 199.171 millones para 2025 y una previsión de déficit del 2,5%. En principio, el planteamiento de Montero es que la Administración Central asuma la mayor parte, el 2,2%, por encima del 0,2% de la Seguridad Social y el 0,1% concedido a las comunidades autónomas.

Desde Fedea cifran en «entre 12.000 y 13.000 millones de euros más» lo que las autonomías podrían gastar vía déficit si el Gobierno acepta lo planteado por el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont.

El año pasado, el presidente andaluz Juanma Moreno criticaba que la Administración General se reservara el 97% del déficit y le dejara un marginal del 3% a las comunidades autónomas. Su reclamación no obtuvo respaldo ni de la ministra de Hacienda ni del PSOE andaluz, que afearon a su partido que finalmente no apoyara los Presupuestos Generales del Estado.

Lo curioso es que la propia Montero exigía en 2017 al Gobierno de Rajoy que la Administración General del Estado compartiera los objetivos de déficit con las comunidades autónomas. En su intervención en el grupo de trabajo –17 de octubre de 2017– que elaboró el dictamen sobre financiación autonómica apoyado en 2018 por todos los partidos políticos –a excepción de Ciudadanos– lo explicaba con las siguientes palabras: «El reparto de los objetivos de estabilidad y la consolidación fiscal es también una parte fundamental del modelo que no podemos dejar atrás. En este momento hay un reparto asimétrico, opaco, que no se sabe por qué le corresponden unas décimas u otras del margen de déficit a una administración o a otra. Habría que tener una metodología, nosotros proponemos que pueda ser en función del peso del gasto que tiene cada administración. Eso, por ejemplo, haría que en Andalucía en vez del año que viene tener un 0,3%, tendríamos un 0,6. Puede haber muchas metodologías, pero lo comparto», decía.

Sus palabras fueron posteriormente incorporadas al dictamen final casi de manera literal y aprobado en la Cámara por el PSOE y el PP, entre otros. Ese documento es incluso el que ahora vuelven a poner como ejemplo de consenso y postura común andaluza de cara a un nuevo modelo de financiación, pero la realidad es que ha sido ampliamente superado por la vía de los hechos. Los acuerdos entre el PSOE y el independentismo catalán admiten principios como el de bilateralidad y el de ordinalidad –contrario a la equidad– que atentan claramente contra el espíritu de ese dictamen. Sobre el reparto del déficit entre administraciones, el propio pacto parlamentario señala que «el correcto desarrollo del principio de lealtad institucional exige de la definición y aplicación de dichos criterios objetivos –en referencia a un reparto más equitativo del déficit entre el Gobierno y las autonomías– de manera consensuada entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera».

Una vez más, este paso no se ha dado y, de modificarse para aprobar el techo de gasto, el acuerdo se habrá alcanzado al margen del resto de comunidades autónomas y por exigencia de un partido político que tiene a su presidente huido de la justicia española.