La sentencia de los ERE cumple cuatro años pendiente de las peticiones de indulto

Este 19 de noviembre se cumple el cuarto aniversario de la notificación de la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla correspondiente al procedimiento específico de financiación de prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo fraudulentos y ayudas directas y arbitrarias a empresas. En el juicio se condenó a numerosos miembros de más de dos décadas de gobiernos socialistas. De los acusados a prisión, el ex presidente Griñán no ha pisado la cárcel por enfermedad, a diferencia de otros encartados que sí lo han hecho. La última novedad del caso es que el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que escuchar la opinión del Tribunal Supremo respecto a los indultos. El Ejecutivo tramita la petición para Griñán y otros ocho condenados. Según la Justicia, fue «un gran fraude» con al menos 680 millones sin control.

La de los ERE, como la gota malaya, fue la corrupción constante que rebosa el vaso. Durante más de una década, en el seno de la Junta de Andalucía se tejió un sistema clientelar en el sacro nombre de la «paz social». Se trata de una corrupción que impregnó tanto al que daba -comprando voluntades de paso– como al que recibía –«las criaturitas», que acuñó el ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero– siendo además, probablemente, los mayores beneficiarios económicos los intermediarios. Lanzas, según las diferentes instancias judiciales, se llevaba una mordida del 5% por cada ERE en que intervenía y pudo cobrar más de 13 millones. Bajo un colchón, se hallaron más de 80.000, en billetes de 100 y 500. La Sala II del Tribunal Supremo, con dos votos a favor y tres en contra, falló que los hechos ya juzgados en la Audiencia de Sevilla son constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación y ratificó las penas con la única rebaja al ex director de Trabajo Juan Márquez. El caso ha pasado por tres instancias judiciales –instrucción, juicio oral y el recurso de casación en el Supremo– y las tres coinciden en la primera parte de lo que Griñán presentaban como un axioma: «Hubo un gran fraude». Y corroboran lo que negaba el ex presidente: también «hubo un gran plan» que, aunque por parte de los responsables políticos, en su mayoría, no consistió en meter la mano en la caja, sí sirvió para distraer los fondos públicos de su fin original. Todo comenzó un 23 de febrero de 1999 en una empresa de chorizos en crisis, Cárnicas Molina, y con elecciones a la vista. Aquí arrancó la trama de los ERE, en la que se distrajeron hasta 680 millones que debían ir a los parados andaluces y en parte fueron a parar a intrusos entre los que llegaron a estar el chófer o la suegra del alto cargo que «asaba la manteca».

Casi todo en los ERE estaba fuera de medida y si no había documentación se anotaba en un post-it para «agilizar». Así se llegó a la partida 31L. La Junta admitió que pagó ayudas sin expedientes ni solicitudes. Las autoridades condenadas, como Griñán, defendieron que «el crédito nunca delinque» y que se siguen pagando las pólizas –27 millones aún hasta 2025–, el gato al que nadie le ha puesto el cascabel ante la incapacidad de desgranar qué prejubilación era correcta y cuál no, más allá de los intrusos.

Guerrero, fallecido durante el caso, permaneció en su cargo una década; de lo que se infiere que algo haría bien o muy bien quien para la Junta era el hombre «de la paz social». Este concepto fue redefinido por Alaya como el «verdadero negocio»; con Administración, aseguradoras, sindicatos e intermediadores como protagonistas.

El caso, en cifras conlleva: dos expresidentes andaluces, seis ex consejeros y otros 13 ex altos cargos más encausados; un fondo sin control de 855 millones establecido entre 2001 y 2010. La Fiscalía lo rebajó a 680; diez años de sistema ilegal, con Francisco Javier Guerrero al frente de los fondos nueve; un total de 6.096: trabajadores recibieron ayudas del «fondo de reptiles» de los cerca de 121.000 que entre 2000 y 2010 se vieron afectados por ERE. Asimismo, casi dos centenares de intrusos cobraron ayudas para prejubilarse en empresas en las que no trabajaron, como la suegra de Guerrero o su chófer. Hubo tres centenares de investigados y 21 ex altos cargos. Más de una decena de avisos envió el ex interventor Manuel Gómez, sin que se actuara. El sumario del caso superó el millón de folios y el fallo tuvo 1.700 folios, más que del Procés. Un total de 187 piezas separadas tiene el caso con más de 500 imputados. Alaya abrió el caso el 19 de enero de 2011. El TS se pronunció en julio de 2022.

Los indultos de los ERE buscan la estela -que no la Estelada- de los indultos del Procés. Tras recibir los oficios del Ministerio de Justicia, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla acordó en una providencia abrir el correspondiente expediente de indulto y solicitar, tal y como determina la ley del indulto de 1870, la hoja histórico-penal de cada uno de los condenados que han solicitado la medida de gracia y «certificación de la sentencia» junto con la liquidación de condena practicada y, en su caso, «informe de conducta». Los familiares de Griñán sustentan su petición de indulto parcial (pues se solicita solo respecto al delito de malversación, que lleva aparejadas penas de cárcel, a diferencia de la prevaricación, castigada con inhabilitación) en razones de «humanidad y equidad», insistiendo en que en ningún caso los hechos por los que fue condenado acarrearon un enriquecimiento personal.

El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que escuchar al Tribunal Supremo (TS) respecto a los indultos de los ERE y podría hacerlo en cuanto no esté en funciones. El Ejecutivo ya tramita la petición de indulto para el expresidente andaluz José Antonio Griñán y otros ocho condenados a penas de prisión.