Canarias exige un plan de choque al Estado para acelerar la derivación de menores migrantes

La Administración canaria reclamó este lunes al Ejecutivo central más fondos, personal y medios técnicos con el fin de agilizar la salida de menores migrantes desde las islas. El portavoz regional, Alfonso Cabello, advirtió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el hacinamiento persiste y que el ritmo de derivaciones resulta insuficiente.

Cabello alertó de un empeoramiento sostenido tanto entre solicitantes de asilo como en los chicos pendientes de traslado bajo la reforma de la ley de extranjería. Aseguró que el Archipiélago cumple con su parte y pidió la misma implicación a la Administración General del Estado. “Hacemos todo lo posible y no el resto de las partes, el Estado no está cumpliendo”, afirmó.

La comunidad reforzará la Consejería de Bienestar Social con 24 profesionales adicionales que se suman a los 39 incorporados el año pasado mediante contrato programa. Presidencia y Justicia ha habilitado además cuatro efectivos que colaborarán con la Fiscalía Superior de Canarias en los expedientes de determinación de edad.

La nueva dotación llega a través de un encargo a la empresa pública Gestur, medio propio del Ejecutivo autonómico, para ejecutar lo previsto en el Real Decreto 658/2025 tras la declaración de contingencia migratoria extraordinaria. Con esta medida se pretende acelerar trámites y reducir cuellos de botella administrativos.

Los 24 refuerzos se reparten entre ambas provincias con equipos integrados por diez trabajadores sociales, diez administrativos y cuatro juristas. El objetivo pasa por acortar plazos, ordenar procedimientos y garantizar acompañamiento a los jóvenes tutelados durante todo el proceso.

Sumadas ambas tandas, el dispositivo alcanza 63 personas dedicadas a infancia y adolescencia. El Ejecutivo regional sostiene que este músculo permite fortalecer la defensa y promoción de los derechos de los menores, modernizar la red pública de atención y aliviar la carga de quienes ya gestionaban expedientes desde septiembre del pasado año.

Cabello insistió en que la situación en algunos recursos es “desesperada”, con centros que superan las trescientas plazas ocupadas por chicos bajo tutela. “No sentimos la misma tensión en el Gobierno para revertir la situación”, señaló al reclamar una respuesta coordinada y un calendario claro de traslados.

El portavoz denunció que la Administración central “engaña de forma sistemática” a las islas y avisó de un riesgo inmediato. Según dijo, una parte relevante de los jóvenes cumple la mayoría de edad sin ver reconocidos derechos por la lentitud del sistema. “Canarias está dispuesta a mantener una cuota solidaria, pero entre eso y que solo salgan tres…”, comentó.

En las derivaciones vinculadas al artículo 35 de la ley de extranjería apenas se han materializado tres de las 41 previstas desde el 29 de agosto. Tres jóvenes han alcanzado ya los dieciocho años durante la espera y en el Archipiélago permanecen alrededor de cuatro mil setecientos menores bajo tutela.

El flujo de solicitantes de asilo avanza con números similares. En la última semana se trasladaron veintiún personas y el acumulado llega a ciento ochenta y dos. A este ritmo, calculó Cabello, harían falta trece meses y dos semanas para cumplir el mandato del Tribunal Supremo.

Quedan por derivar 774 menores según el recuento oficial. A esa cifra se añaden 400 nuevos casos desde junio, lo que eleva el total de expedientes de asilo en cola hasta 1.174. El Ejecutivo autonómico reclama un plan inmediato con financiación suficiente, medios humanos y soporte tecnológico que permita cumplir plazos, proteger a la infancia y aliviar la presión en los recursos insulares.