Sánchez judicializa los Presupuestos de Canarias: el Constitucional decidirá sobre sanidad y puertos deportivos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido abrir un nuevo frente con Canarias al recurrir ante el Tribunal Constitucional las cuentas autonómicas de 2025. Lo hace por dos artículos que, según Moncloa, vulneran la normativa básica estatal. El pulso con el Ejecutivo de Fernando Clavijo se traslada ahora a los tribunales en un clima de tensión política que poco tiene que ver con el discurso de diálogo territorial que predica el Ejecutivo central.

El recurso se centra en dos cuestiones de enorme calado. La primera afecta directamente a la sanidad pública. Los presupuestos canarios permiten que el gerente del Servicio Canario de Salud pueda compatibilizar su puesto con ingresos del sector privado. Para el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se trata de una disposición “contraria a la Ley de Presupuestos de 2023 y al marco básico estatal”. En otras palabras, el Gobierno central denuncia que se abre la puerta a un conflicto de intereses en el corazón de la gestión sanitaria, un terreno siempre sensible en un Archipiélago que arrastra graves problemas de listas de espera y saturación hospitalaria.

La segunda discrepancia está en la inversión en puertos deportivos. La norma canaria rebaja el porcentaje mínimo al 20% y extiende los plazos de ejecución hasta seis años. Frente a ello, Moncloa sostiene que la legislación estatal exige que la inversión sea superior al 50% y que los proyectos se desarrollen en un máximo de seis meses. El choque no es menor, ya que en un territorio insular y turístico como Canarias, los puertos deportivos no son un lujo, sino una pieza estratégica de su economía azul, ligada al turismo náutico, la reparación naval y la atracción de inversión privada.

El Ejecutivo de Fernando Clavijo, que gobierna en coalición con el Partido Popular, se había mostrado dispuesto a negociar con Madrid, pero las conversaciones se han roto en seco. "Hay avances", repite Torres, aunque el resultado final es el que siempre demuestra la realidad, y el caso se dirime ya en el Tribunal Constitucional.

El trasfondo de este choque va más allá de un debate técnico sobre porcentajes o compatibilidades. Lo que se discute es hasta dónde puede una comunidad autónoma adaptar sus presupuestos a sus necesidades sin que Madrid intervenga. En el caso de la sanidad, la medida se interpreta como un intento de flexibilizar la gestión en un sistema saturado, aunque la fórmula elegida plantea dudas éticas evidentes. En el de los puertos, el Gobierno canario defiende la necesidad de plazos más amplios para atraer inversión privada y ejecutar proyectos a medio plazo, mientras que Moncloa se aferra a la normativa estatal para mantener un control más férreo.

Lo que para unos es autonomía de gestión, para otros es un incumplimiento de la ley. Y en medio de esa batalla se encuentran los canarios, que ven cómo dos asuntos vitales para su vida diaria como son la salud pública y la infraestructura portuaria se convierten en una nueva arma arrojadiza entre gobiernos.

Será ahora el Tribunal Constitucional quien decida si tumba o avala las disposiciones canarias en un procedimiento que puede tardar meses.