La Junta adelanta un primer pago de 28 millones a los ayuntamientos para servicios sociales

Febrero será un mes importante para las entidades locales de Castilla y León ya que recibirán 28 millones por parte de la Junta para financiar los servicios sociales prestados en el ámbito municipal. Así lo anunció presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, quien detalló que se trata del primer pago con cargo al nuevo Acuerdo Marco para este asunto, que tiene una dotación mínima inicial de 448 millones hasta 2023.

En este sentido se pronunció tras su reunión con la responsable de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén, en la que abordaron los diferentes retos a los que se enfrentan las localidades de todos los tamaños, como el desarrollo de las infraestructuras, la digitalización o la falta de comercios y bancos.

En este sentido, en el encuentro Fernández Mañueco defendió que los servicios sociales prestados en la Región están «a la vanguardia de España» y elogió el Acuerdo Marco aprobado hace apenas un mes y que afecta directamente a las más de 180.000 personas beneficiarias, a la vez que da estabilidad al empleo de los 1.241 profesionales que prestan atención en los Centros de Acción Social.

Asimismo, remarcó que, como novedades, se amplía su vigencia de tres a cuatro años y se establece un nuevo calendario de pagos, con cuatro anualidades, que permitirá a los ayuntamientos tener una mayor liquidez, certeza y previsión en sus ingresos. De este modo, se pagará el 25 por ciento en febrero, mayo, julio y septiembre, de forma que en esa fecha, entre anticipos y liquidaciones, se haya abonado el total de una anualidad, 112 millones.

Además, el presidente de la Junta y Armisén destacaron como objetivo «irrenunciable» seguir mejorando la calidad de los servicios que se prestan a las personas, apostando por la innovación, como la teleasistencia avanzada, o por la reducción de los plazos, como se viene haciendo, ya que desde el 1 de enero se rebajó a tres meses el plazo para reconocer el derecho de las prestaciones de dependencia y se marca como meta reducirlo a un mes antes de que acabe la presente legislatura.

Por ello, acordaron la constitución de un grupo de trabajo para proponer y coordinar las actuaciones que sirvan para facilitar la consecución de estos objetivos. Para ello, Fernández Mañueco reiteró la importancia de contar con un nuevo modelo de financiación autonómica que se negocie desde la multilateralidad.

Finalmente, Armisén mostró su preocupación por el desabastecimiento comercial que, en su opinión, se debe abordar «de inmediato», así como la transformación digital, «necesaria para fijar población, cohesionando el territorio y crear oportunidades para familias y empresas».