Unos 170 empleados públicos se forman en evaluación de políticas públicas en Castilla y León

Un grupo de 170 empleados públicos de la Administración autonómica, las entidades locales y personal de las universidades está cursando en línea -mediante videoconferencia- durante este mes de noviembre unas jornadas monográficas centradas en la evaluación de políticas públicas. Para ello, la Junta cuenta con el apoyo de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP).

Fuentes del Gobierno regional informaron que con esta formación se persigue, principalmente, exponer la necesidad de aplicar la evaluación de las políticas públicas como elemento clave para diseñar y desarrollar políticas públicas basadas en la evidencia; entender el concepto, las clases y las metodologías sobre la materia y conocer experiencias prácticas de interés.

Esta materia en cuestión está siendo una de las líneas de trabajo principales de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, con el objetivo de introducir de manera trasversal en la Administración autonómica la rendición de cuentas y la necesidad de incluir, en cada iniciativa pública, la evaluación, para la que se requiere una formación concreta y especializada.

Para ello, según esta Consejería, se debe crear un sistema que incluya la elaboración de indicadores objetivos, cuantificables que permitan hacer previsiones sobre las acciones que se van a emprender –evaluación “ex ante”-, y evaluar si esas acciones, una vez emprendidas, han producido efectivamente los resultados previstos -evaluación “ex post”-.

Realizar esta transformación “profunda”, según Transparencia, persigue una mejor gestión pública y, seguidamente, mostrar una mayor transparencia ante los ciudadanos. En relación con ello, recordó que entre los acuerdos de gobernabilidad para la presente legislatura se halla la creación de una Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios de Castilla y León.

Además, recordó que la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior formalizó al inicio del mandato una colaboración con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) para realizar varios estudios: uno general, transversal a todas las consejerías y enfocado en la institucionalización de la evaluación más cuatro estudios sectoriales que afectan a áreas concretas: políticas activas de empleo; becas y universidades; política industrial; y publicidad institucional y plan de medios.

Cuatro sesiones monográficas

Las cuatro sesiones semanales que conforman esta actividad formativa se incluyen en el Plan de Formación de la ECLAP para este año. En ellas se combinan las intervenciones iniciales de responsable públicos de la Junta de Castilla y León con ponencias de expertos invitados. Así, junto con la presentación inaugural que realizó el vicepresidente y consejero Francisco Igea, otras sesiones cuentan con la participación del viceconsejero de Transparencia y Calidad de los Servicios, Fernando Navarro; y del director general de Ordenación del Territorio y Planificación, Antonio Calonge.

Las ponencias que están siguiendo los más de 170 empleados públicos inscritos cuentan con la participación de José Luis Osuna, catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y miembro de la Sociedad Española de Evaluación, para abordar la institucionalización de la evaluación de políticas públicas; Marta Méndez, profesora de Ciencia Política y de la Administración Facultad Derecho de la Universidad de Burgos, para exponer el concepto y las clases de evaluaciones de políticas públicas; María del Mar Herrera, responsable del Área de Evaluación de Políticas Públicas del IAAP -Junta de Andalucía-, como especialista para impartir metodología y diseño para la evaluación de políticas públicas; y, parra cerrar el ciclo formativo, Santiago Fernández Muñoz, analista de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y responsable de proyectos de Spending Review, quien expondrá como experiencia de evaluación de políticas públicas el análisis coste–beneficio de las infraestructuras de transporte.