Detectadas 225 infracciones en el cobro de ERTEs

Desde que se decretara el estado de alarma el 17 de marzo del pasado año y hasta final del pasado 2020, se aprobaron en la Comunidad un total de 41.459 expedientes de regulación temporal (ERTEs) para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus.

Además, durante estos casi diez meses de pandemia, cerca de 189.000 castellanos y leoneses se han visto afectados en algún momento por un “despido” temporal mientras que hasta el 31 de diciembre han percibido una prestación por este motivo 47.527 trabajadores de esta tierra, según datos facilitados este jueves por la Delegación del Gobierno de España en Castilla y León. mientras que el importe neto de las prestaciones que se han abonado han sido de 456,5 millones de euros

Además, los inspectores de trabajo han llevado a cabo un total de 2.578 inspecciones durante 2020 a lo que se unen otros 11.464 informes previos a su aprobación, en las que han detectado 225 infracciones por cobro de ERTEs de forma irregular, lo que supone casi el nueve por ciento del total de expedientes.

La mayoría de ellos (63) han sido de casos de personas que estaban trabajando al mismo tiempo que cobraban la prestación, seguido de aquellos que no habían informado previamente al Servicio Público de Empleo (SEPE) de la desafectación del ERTE, una infracción que han cometido 53 personas.

Asimismo, otros 33 trabajadores han estado percibiendo la prestación de forma irregular sin estar dados de alta a la Seguridad Social en empresas que mantenían trabajadores en esta situación de paro temporal. También se han detectado otras irregularidades, aunque, son las menos, que tienen que ver con fallos administrativos en materia de horas extra principalmente.

El mayor porcentaje de expedientes de regulación de empleo temporal aprobados se han dado en el sector Servicios, y principalmente en la Hostelería, que es uno de los gremios más castigados en toda España por las consecuencias de las restricciones que se han establecido para controlar al virus. Sobre todo en esta Comunidad, donde han padecido tres cierres completos en el inicio de la pandemia, en noviembre y hasta después del “Puente” de diciembre, y ahora en 53 municipios con elevada incidencia, entre ellos Palencia capital, aunque en el resto de la región sólo se permite la apertura de las terrazas y no al cien por cien.

Tal es así que más de seis de cada ERTES aprobados el pasado año son de trabajadores del Sector Servicios, seguido de la Industria, con un 29 por ciento.

“Desde el Gobierno de España estamos afrontando esta crisis sanitaria con la premisa de mantener el empleo, la renta de los trabajadores y el tejido empresarial en la medida de lo posible”, asegura Javier Izquierdo, delegado del Gobierno en castilla y León, para quien estas prestaciones son un “auténtico escudo social” que están contribuyendo a “minorar” el impacto negativo de esta pandemia sobre el empleo y la actividad económica.

Como novedad en este 2021, el director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad, Javier Calderón, avanzaba que además de la propia campaña de control de los ERTES, los inspectores que acudan a las empresas por cualquier otro motivo controlarán que se cumplan los requisitos en los casos de expedientes de regulación temporal de empleo.

Estos datos contrastan con un reciente estudio de Empresa Familiar de Castilla y León en el que advertían de que en Castilla y León hay todavía muchos trabajadores que siguen sin cobrar dicha prestación, lo que está provocando dramas personales y familiares de complicada recuperación. Un problema que en el caso de las empresas familiares está afectando a los trabajadores de al menos una de cada tres firmas, según se advierte en la última encuesta realizada en enero por la Asociación Empresa Familiar Castilla y León, cuando en noviembre era un 13 por ciento el porcentaje de empresarios que afirmaba que sus empleados no había cobrado ni un euro.