El Gobierno de Mañueco protege a las entidades locales reforzando la transparencia en la gestión de sus recursos

El Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco da un nuevo avance en la protección de las entidades locales reforzando la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Así lo ha destacado el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, durante una reunión en Palencia con el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, para analizar, entre otras cuestiones, el estado de la rendición de cuentas por las entidades locales de la Comunidad.

Este encuentro se produce para dar respuesta a los distintos informes de fiscalización que el Consejo de Cuentas ha venido elaborando, en los que se analizan de forma precisa y detallada el grado de cumplimiento de las entidades locales de Castilla y León en relación con la obligación de presentar sus cuentas ante este órgano de control externo.

En este sentido, fuentes del Ejecutivo autonómico han señalado que “es importante recordar que las entidades locales de Castilla y León y sus organismos autónomos, entes públicos, y empresas públicas, independientemente de que se rijan por el derecho público o privado, están sometidos a la fiscalización del Consejo de Cuentas que, como órgano autonómico de control externo de la Comunidad, ejerce su actuación sobre una estructura territorial que suma en sus nueve provincias un total de 2.248 municipios y 2.225 entidades locales menores”.

En esta línea, han destacado que el Gobierno regional “ha dado un importante paso al introducir las modificaciones oportunas en las Ayudas y Subvenciones de la Cooperación Económica Local General, que determinan que para que una entidad local pueda ser beneficiaria de una subvención, es preciso e ineludible haber cumplido en tiempo y forma sus obligaciones de rendición de cuentas ante los órganos de fiscalización”.

Esta medida, que ya se encuentra vigente tanto en las líneas de ayudas ordinarias como extraordinarias destinadas a las entidades locales, ha tenido gran impacto en el grado de cumplimiento de esta obligación, lo que satisface notablemente la reclamación del Consejo de Cuentas de Castilla y León, y muestra la acción de la Junta de Castilla y León para mejorar la labor de fiscalización de las entidades locales y favorecer la transparencia de la gestión publica local y la utilización de los recursos públicos.

Nuevos pasos para el cumplimiento de las obligaciones legales de los municipios

El consejero de la Presidencia ha avanzado que se pondrán en marcha medidas que garanticen y permitan a las entidades cumplir con estas y otras obligaciones legales, y destacó especialmente la nueva regulación de la bolsa de trabajo de personal interino para el desempeño de las funciones de secretaría intervención, que es un elemento clave en los municipios para que puedan cumplir sus obligaciones legales.

Ibáñez, además, ha adelantado que “en esta nueva regulación se va a compatibilizar la flexibilidad y rapidez en los nombramientos con la necesaria garantía de capacidad y aptitud de este personal para prestar un servicio de calidad a los ayuntamientos. De esta manera pretendemos garantizar que los ayuntamientos tengan a su disposición a estos funcionarios, que son los que de forma material gestionan el funcionamiento ordinario de los municipios, y en buena medida de los que dependen el cumplimiento de las obligaciones legales”.

También ha puesto de relieve la importante labor que se realiza desde los servicios de asistencia y asesoramiento a municipios de las Diputaciones Provinciales, especialmente en su labor de asistencia técnica a los pequeños municipios, para lo cual la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, mantiene desde hace años una línea estable de subvenciones cuyo objeto es el mantenimiento y dotación de los recursos precisos a estos servicios provinciales para que ayuden a los pequeños municipios en el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus obligaciones.

“Atender las necesidades de nuestros municipios, mejorar las condiciones del mundo local y ofrecer a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad es una cuestión de justicia. El Gobierno de Mañueco es un referente del municipalismo y apoyo a las entidades locales, porque los hemos escuchado y porque en una comunidad que tiene más de la cuarta parte de los municipios de España, sabemos de lo que hablamos”, ha añadido Ángel Ibáñez.

Finalmente, el consejero ha ensalzado la importante labor que el Consejo de Cuentas de Castilla y León tiene, gracias a su autonomía y su mirada puesta en la transparencia y la claridad sobre los asuntos referentes a la gestión del dinero público. “En consonancia con el Estatuto de Autonomía, esta institución tiene la vital misión de contribuir a una administración eficiente de los recursos públicos mediante un control transparente del gasto, un objetivo prioritario para el buen gobierno de esta Comunidad”, ha concluido.

Regulación de interinos

Por otra parte, Ibáñez ha pedido al ministro de Administración Territorial, Miquel Iceta que, en el proceso que se establezca para regular la situación de los interinos se tenga en cuenta, como uno de los criterios, el talento de estos trabajadores, y que se elimine la tasa de reposición.E

De esta forma se ha referido a la Comisión sectorial en la función pública celebrada este jueves, para abordar los procesos de estabilización del personal temporal de las administraciones públicas. ”Una cuestión crucial para los empleados públicos de esta comunidad en los próximos meses”, ha afirmado, señalando que solo en la Junta de Castilla y León hay más de 20.000 interinos que se van a ver en “una situación compleja” derivada de esos procesos de estabilización.

Por eso ha solicitado al ministro que el decreto ley que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros el próximo martes, y que establecerá el proceso a seguir en las comunidades autónomas para regular la situación de los interinos, elimine la tasa de reposición.Una reivindicación que ya han hecho otras comunidades autónomas y que, según Ibáñez responde a la necesidad de eliminar esta figura “que nos constriñe a la hora de poder hacer un proceso ordenado de estabilización y no traumático de todo este personal”.

Asimismo ha reclamado a Iceta que todo lo que tenga que ver con estos procesos de estabilización del personal temporal “tenga en cuenta la importancia y el talento de todas estas personas que están trabajando en los servicios públicos de una manera ejemplar”. ”Personas que en muchos casos llevan diez, quince o veinte años trabajando de los que nos sentimos muy orgullosos y que creemos que su talento debe tenerse en cuenta a la hora de legislar.