La Junta moderniza la Administración incorporando la mediación intra judicial en la ley de medidas tributarias y en el próximo reglamento de los servicios jurídicos

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, anunció la inclusión en el ante proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas de la reforma legislativa de cuatro leyes -Hacienda, Patrimonio, Asistencia Jurídica y Consejo Consultivo de Castilla y León- para impulsar la transacción y la mediación y colocar a la Comunidad en la primera línea de la materia a nivel nacional.

Así lo señaló durante la clausura de la jornada “El papel de las Cámaras como instrumento de solución de conflictos tras la crisis sanitaria” organizada por la Cámara de Valladolid y el Centro Español de Mediación, en la que estuvo acompañado por el director de los Servicios Jurídicos de la Junta, Luis Miguel González Gago.

En el encuentro, en el que participaron varios expertos además del exministro de Justicia y presidente del Centro de Mediación, Rafael Catalá, se trató el tema de la mediación con gran interés para profesionales del derecho, gestores públicos, empresas y ciudadanos.

En sus palabras, el consejero destacó la importancia de la mediación como sistema alternativo de resolución de conflictos, y el papel que juegan las Cámaras de Comercio como mediadores, dada su neutralidad y objetividad, interviniendo en múltiples ámbitos materiales.

En este sentido, Ibáñez puso en valor que la mediación puede tener un papel interesante en la resolución de conflictos de todas las jurisdicciones, teniendo en cuenta tanto el incremento de asuntos resueltos en los últimos años, como las especiales características de los jueces y tribunales, que están vinculados a la defensa de los intereses generales, a los que en muchos casos no se puede llegar sin la colaboración de los propios ciudadanos, “la mediación intra judicial permite asegurar a todos los ciudadanos el acceso a la Justicia”.

Así, el consejero reconoció la importante labor desarrollada por la Cámara de Valladolid por su compromiso con la mediación, tanto en los ámbitos mercantil y civil como en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa. “El Gobierno de Mañueco colabora en el impulso de este mecanismo de mediación, por eso desde la Consejería de la Presidencia se ha concedido una subvención a la Cámara, por valor de 10.000 euros, para el impulso de la mediación y arbitraje en el ámbito social”.

Asimismo, indicó que cuando la Administración actúa como una parte en la mediación, constituye un importante reto dada su particular naturaleza, para lo que hay que tener en cuenta ciertos factores como que la Administración siempre está vinculada a la consecución del interés general, al principio de legalidad, y que supone un cambio de cultura real, tanto de los ciudadanos como de los profesionales que intervienen en el sistema, sobre todo de las Administraciones Públicas.

Una apuesta firme por la mediación en Castilla y León

En la clausura, el consejero hizo un importante anuncio para el desarrollo y la modernización del ámbito jurídico en la Comunidad, y es la inclusión en el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas, que acompañará al anteproyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año, de la reforma legislativa de cuatro leyes –la de Hacienda, la de Patrimonio, la de Asistencia Jurídica y la del Consejo Consultivo de Castilla y León-, para impulsar decididamente la transacción y mediación en la Administración de Castilla y León concretando competencias y procedimientos, “a lo que se unirá su inclusión en el próximo Reglamento de los Servicios Jurídicos de la Junta que también estamos abordando, lo que nos convertirá en la Comunidad más puntera y moderna de España en este ámbito”, concluyó Ibáñez.

Casos gestionados por la Cámara de Valladolid

Además, los casos de mediación de conflictos gestionados por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid crecieron por encima del cien por ciento en 2020; aunque en algunas áreas concretas esta evolución se disparó hasta un 600 por ciento. Así lo aseguró el presidente de la entidad cameral, Víctor Caramanzana.

También recordó, en declaraciones a Ical, que las cámaras tienen asignado por ley, desde 2012, la mediación. En el caso de la vallisoletana, añadió, “está muy implicada”, principalmente desde 2019, “con cuestiones de ámbito social, contenciosos y civiles, cuestiones que se han incrementado con la llegada del COVID-19″. “Las cámaras no solo miramos por los intereses de las empresas, sino que tenemos un componente social. Es en este momento cuando es más necesario hacer hincapié y promocionar y publicitar la mediación, porque van a quedar muchos conflictos fuera del ámbito judicial gracias a ello. Esperemos estar en la fase final de la pandemia”, confió.

La institución cameral destaca por el fomento de la mediación y el arbitraje en todos los ámbitos y, en la actualidad, trabaja en la puesta en marcha de un programa para la implantación de la mediación en lo Social en las diferentes instancias judiciales de Valladolid, configurándose como una mediación intrajudicial que se inicia a propuesta de la magistratura para que las empresas y los trabajadores puedan llegar a un acuerdo antes de que se inicie o finalice el procedimiento judicial.

En este sentido, el proyecto posee una gran relevancia en el escenario que se ha producido como consecuencia del COVID-19, ya que pone a disposición de los trabajadores y pymes una nueva herramienta útil en la resolución de conflictos ante el posible colapso de la tramitación judicial por el incremento del número de expedientes debido a los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTEs) y despidos.

De hecho, el Consejo de Gobierno del 24 de junio de este año aprobó una subvención directa de 10.000 euros de la Junta a la Cámara para financiar gastos derivados de actividades realizadas en 2021 dirigidas a la promoción e implantación de la mediación y el arbitraje en lo Social como medios idóneos para la resolución de conflictos.