Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria hacen frente común contra la protección del lobo

Castilla y León hace piña junto a Galicia, Cantabria y Asturias en defensa de la caza del lobo ibérico controlada al norte del río Duero, así como de la convivencia entre esta especie y la ganadería extensiva como medio de desarrollo rural y de futuro para los pueblos.

Estas cuatro autonomías han presentado ya un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional a la orden del Gobierno de España que fija la protección especial del lobo ibérico, además de solicitar que se suspendan cautelarmente los efectos de esta orden hasta que haya una sentencia firme, ya que consideran que la orden está “repleta de incoherencias”, “falta de motivación científica” e, incluso, va “en sentido contrario” de la normativa europea.

Igualmente, han avanzado que pedirán una entrevista con el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para exponerle el “ataque” del Gobierno de España a la política europea de flexibilización y “como ha ido más allá de lo que la propia Europa quiere que se vaya”, y piden a la ministra para Transición Ecológica, Teresa Ribera, que “no tenga miedo” y dialogue con estas regiones sobre esa decisión.

“La orden supone una limitación de la soberanía ycompetencias de las comunidades autónomas, incluso más allá de lo que dice Europa, porque nuestras competencias estaban al amparo de la posibilidad de gestión del lobo que la directiva Hábitat de 1992 permitió a lo estados al norte del Duero”, advertía el consejero de Fomento de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para quien la protección del lobo “atenta contra su propia conservación como especie”. Al respecto, ponía como ejemplo del declive poblacional en territorios como Andalucía (en Sierra Morena) y Portugal, donde siempre ha gozado de la máxima protección.

Igualmente, Suárez-Quiñones lamentaba que el Gobierno no les haya convocado para hablar de esta orden ni de la estrategia de la conservación del lobo. “Esto no se puede decidir así, de una forma autoritaria, despreciando a los territorios y la gestión de las comunidades autónomas: es algo insostenible”, denunciaba el consejero.

Los consejeros de las cuatro autonomías, junto a representantes de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, UPA y COAG, se han reunido este martes en Santander y han comparecido ante los medios para mostrar su preocupación por los daños medioambientales, económicos y de desarrollo rural que provocará esta medida, pero también el malestar que tienen al sentirse “engañadas” por el Gobierno de la nación.

Además, los profesionales del campo han anunciado fuertes movilizaciones en las calles.

Y es que estas Comunidades y los ganaderos que viven y trabajan en ellas están en pie de guerra contra la decisión del Gobierno de España, y más en concreto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que dirige Teresa Ribera de proteger al lobo ibérico, al haberlo incluido ya en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), por lo que de facto se impide la caza de este animal al norte del Duero, ya al sur ya estaba protegido por la Europa dela Unión

La ministra está convencida, como así lo ha manifestado en varias ocasiones, de las bondades de esta medida que asegura contar con el aval científico y porque, según ha reiterado en varias ocasiones, compatibiliza la conservación del lobo y contiene los daños a las explotaciones ganaderas.

Tanto estas Comunidades como los ganaderos siguen sin entender la decisión del Miteco e insisten en los daños que esta decisión va a provocar al medio rural, a su futuro, puesto que son los ganaderos y las gentes del campo quienes mantienen a los pueblos y su futuro, pero también al medio ambiente por el mismo motivo, ya que son los que se dedican a la actividad agrícola y ganadera quienes cuidan y conservan la naturaleza.

Estos cuatro territorios acaparan el 95 por ciento de la población de lobo ibérico de toda España, de la que se calcula que existen unas trescientas manadas y algo más de 2.500 ejemplares repartidos por esta regiones, la mayoría al norte del río Duero, y creciendo, que es lo que más preocupa a los ganaderos, que ven como las poblaciones de este animal no paran de crecer y encima ahora no les dejan llevar a cabo un control de su número para mantener el equilibrio que había hasta ahora y que permitía compatibilizar la conservación del cánido con la contención de los daños que sus ataques producen a la ganadería.

En Castilla y León se estima que hay en torno a las 180 manadas, lo que supone un aumento del 20 por ciento en las últimas dos décadas, o lo que es lo mismo, en este siglo en relación al censo de 2001, con especial hincapié en las provincias de Ávila y Segovia donde el lobo, según los ganaderos, ha recolonizado dichas provincias.

Y el pasado año se registraron, según datos de la Junta, más de 2.600 ataques de lobos a explotaciones ganaderas en los que murieron más de 3.700 cabezas de ganado, de las cuales 2.260 eran de ganado mayor y, el resto, unas 1.480, menor, lo que ha obligado a las administraciones a indemnizar a los ganaderos afectados con casi 1,3 millones de euros.

Hasta antes de que entrara en vigor la protección del lobo, en la comunidad castellano y leonesa existía y existe aunque sin efecto ya, un plan de aprovechamiento comarcal del lobo en aquellas zonas donde se podía darle caza de forma controlada, al norte del Duero. Dicho plan, firmado hace dos años, permitía abatir en virtud de este mantenimiento del equilibrio en el ecosistema un total de 113 ejemplares de lobo cada año durante tres hasta el 2022, por lo que el total de cánidos que se podían cazar ascendía a 339. Sin embargo, en la temporada 2019/2020 se abatieron 64, es decir, 49 menos de los permitidos, mientras que en la campaña 2020/2021, 59, o lo que es lo mismo, 54 menos del cupo máximo establecido.