Los delitos de odio, al alza en Castilla y León

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha participado este lunes en Burgos en una jornada de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contra los delitos de odio, en la que se ha puesto encima de la mesa el último informe sobre la evolución de este tipo de delitos correspondiente a 2020, que no deja en buen lugar a la Comunidad, ya que en él se revela que los delitos de odio han aumentado.

Según este estudio hace dos años conocieron 56 casos, la mayor parte, 27, por causas ideológicas, mientras que en 2021 estos casos se han incrementado en más de un 5 por ciento, según Barcones, quien apuntaba que los que más han crecido son los que tienen que ver con la intolerancia ante la orientación sexual, que aumentaron más del doble.

Desde 2013, primer año con registro oficial, Castilla y León ha detectado 464 casos de delitos de odio conocidos. En cuanto al pretexto del odio, la ideología, la raza, la discapacidad y la orientación sexual o identidad de género son los que más casos acumulan en la Comunidad en ese periodo.

Otro de los datos que arroja el estudio es que sólo dos de cada diez personas que sufren delitos de odio plantean denuncia y sólo una de cada diez lo hace cuando el objeto es la identidad sexual.

En 2021, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron, en todo el territorio nacional, 1.802 posibles delitos de odio, frente a los 1.272 investigados en 2016. En cinco años son 530 más, lo que representa un incremento de un 41,6 por ciento.

Tres tipos ocupan, con diferencia, los primeros lugares en la comisión de delitos de odio: los relacionados con conductas racistas o xenófobas (678 en 2021, el 37,6% del total), los delitos de odio contra la orientación sexual e identidad de género (477 en 2021, el 26,5%) y los derivados de discriminaciones o ataques por ideología (336 el pasado año, el 18,6%).

“Queremos aumentar el grado de empatía de nuestros servidores públicos con las víctimas de delitos de odio, sobre todo en el momento decisivo de la denuncia”, añadía Barcones, para quien el objetivo del Gobierno es que sientan amparadas, se sientan protegidas por la policía y Guardia Civil cuando deciden denunciar un delito de odio del que han sido objeto.

Para Barcones, la denuncia es el punto de partida para combatir cualquier delito, motivo por el que es necesario que salgan a la luz todas las persecuciones sistemáticas por razones de raza, orientación sexual o identidad de género, entre otras muchas cosas, que “todavía con demasiada frecuencia” se producen en la sociedad.

En la jornada de Burgos intervenía también el fiscal superior de la comunidad autónoma, Santiago Mena, que antes de desempeñar este cargo, fue fiscal para la Igualdad y de delitos contra la discriminación y delitos de Odio, entre 2005 y 2020, de la Fiscalía Provincial de Burgos. Mena, que ha abordado en su intervención ‘Los delitos de odio en la legislación española’, aseguraba que la comisión de este tipo de hechos “atacan lo más profundo de la dignidad humana de las víctimas”.

Finalmente, desde la Fundación Triángulo, una ONG que promueve la igualdad de las personas sea cual sea su orientación sexual e identidad de género, aportaban información y testimonios relacionados con el tema tratado en las jornadas, que alcanzan la segunda edición.