A la captura de un rebaño de vacas abandonadas en La Chana leonesa

Una resolución del Procurador del Común reclama a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que ponga en marcha las “medidas pertinentes” para proceder a la captura de un rebaño de vacas abandonadas que causan con su presencia un riesgo para la seguridad de las personas y de los bienes en las inmediaciones de la localidad de La Chana, en el municipio berciano de Borrenes, y en otras localidades del entorno. Las reses, propiedad de una empresa con sede en las proximidades, habrían dañado tierras de cultivo en terrenos propiedad de la junta vecinal, que presentó varias denuncias por este motivo.

En concreto, entre junio de 2020 y enero de 2021, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil tramitaron ocho denuncias por supuestas infracciones a la Ley de Sanidad Animal y a la Ley de Montes. En julio de ese mismo año, la Guardia Civil tuvo que regular el tráfico de una carretera local por la presencia de varias cabezas de ganado que obstaculizaban la vía.

Estas denuncias se cerraron con la tramitación de cuatro expedientes sancionadores contra la entidad mercantil propietaria de las reses por parte del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de León. Sin embargo, al persistir el abandono por parte de la empresa, el Procurador del Común insiste en que “es necesario que se adopten medidas suplementarias para evitar que ese ganado continúe deambulando por la zona, ya que supone un riesgo para la integridad de las personas mayores residentes en esas localidades y ha causado daños a las propiedades de las zonas colindantes a los núcleos urbanos”.

Al respecto, la institución que dirige Tomás Quintana advierte también de la “posible transmisión de enfermedades infectocontagiosas a otras reses” de la zona e insta a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a ejercer las potestades que le atribuye la normativa de sanidad animal vigente para capturar a las vacas abandonadas y repercutir los costes de la operación a la empresa infractora.