Carnero reivindica un “gran pacto europeo” contra la despoblación

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, ha reivindicado “un gran pacto europeo contra la despoblación”, ya que “es un problema que afecta a una provincia o a una Comunidad, sino al conjunto del país”. Así lo ha manifestado, durante la presentación del monográfico de la revista española “Reto demográfico y función consultiva”, un número coordinado por el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, pero en el que ha participado también el ente de la Comunidad Valenciana.

Carnero ha puesto de manifiesto que “la Junta está trabajando eficazmente para responder a los problemas que se generan en este escenario incierto y complejo” y se ha referido al apoyo de las medidas tributarias dedicadas al mundo rural, en ámbitos tan importantes como la natalidad, el emprendimiento, la vivienda o los jóvenes.

También ha añadido que desde la Junta se ha trabajado de “forma acertada junto con Castilla La Mancha y Aragón, y así hemos conseguido que la Unión Europea establezca la excepción que supone la fiscalidad diferenciada para Teruel, Cuenca y Soria”.

Carnero ha insistido en que, “es necesario reivindicar ante el Gobierno de España, en primer lugar, que debe agotar los porcentajes del 20 por ciento que permite la UE. Asimismo, en segundo lugar, dicho porcentaje debe de aplicarse sobre los costes laborales y no sobre las contingencias comunes, y además debe permitir que sea aplicable tanto para nuevos trabajadores como para los ya existentes y, en tercer lugar, el plazo temporal de la aplicación debe retrotraerse al 1 de enero de 2022″.

El consejero ha concluido que, “desde la Junta de Castilla y León se está trabajando para fortalecer el municipalismo y la cohesión territorial de nuestra Comunidad para favorecer el desarrollo social, el empleo y la economía local, y contribuir a fijar población”.

Por su parte, Sánchez de Vega ha señalado que el Consejo Consultivo ha expuesto en reiteradas ocasiones la preocupación por los retos demográficos a los que se enfrenta Castilla y León, algo que afecta a muchos otros territorios pero que en esta Comunidad aúna determinadas características que hacen que el desafío sea mayor. La preocupación por el tema y el interés por aportar nuestro granito de arena llevó al Consejo a elaborar el primer informe a iniciativa propia sobre la evaluación del impacto demográfico en el procedimiento de elaboración de las normas que proyecta el Gobierno regional, siendo de este modo pioneros en plantear este aspecto como una posible solución.

El presidente del Consejo Consultivo ha explicado que el punto de partida es la constatación de que las diferencias territoriales en el acceso a determinados bienes públicos pueden comportar consecuencias incompatibles con los grandes principios constitucionales de igualdad y justicia en la recepción de las prestaciones de servicios públicos, manifestando que en el fondo el reto demográfico pone a prueba el sistema de derechos y constituye todo un desafío a la igualdad de oportunidades. Por ello se aconseja a la Junta de Castilla y León que incorpore en los procedimientos de elaboración de las normas un informe específico sobre el impacto que las medidas previstas puedan tener para mitigar o revertir los problemas derivados del reto demográfico.

Por su parte, la presidenta del Consell Jurídic de la Comunitat Valenciana y directora de la Revista, Margarita Soler, ha recordado que la Revista Española de la Función Consultiva es una publicación de carácter semestral, creada en 2006 con el objeto de ser un punto de encuentro entre los distintos órganos que en nuestro país tienen atribuida la función consultiva y ha señalado que la pérdida de población de gran parte del territorio y la caída de la natalidad suponen en algunas zonas un peligro para la perdurabilidad del Estado del Bienestar recordando que algunas Comunidades Autónomas han aprobado normativa relativa al problema de la despoblación o se encuentran en su desarrollo, aportando soluciones que garanticen la igualdad de derechos y oportunidades independientemente del lugar de residencia.