Sociedad

La actividad del Consejo Consultivo de Castilla y León se dispara

El pasado año este órgano asesor que preside Agustín Sánchez de Vega emitió 700 dictámenes, 171 más que un año antes, la mayoría por responsabilidad patrimonial y la pandemia

El presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega
El presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de VegaDavid ArranzAgencia ICAL

El Consejo Consultivo de Castilla y León, con sede en Zamora, prosigue con una intensa actividad que no se detiene en los últimos años, y en 2022 ha incrementado su volumen de trabajo un 32 por ciento respecto al ejercicio anterior hasta los 700 dictámenes emitidos, lo que suponen 171 más que un año antes.

Sin embargo la actividad llevada a cabo el pasado año en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl) se ha mantenido similar que en 2021, con unos 200 recursos resueltos por ese tribunal adscrito al Consultivo.

Los dictámenes abordan el día a día de los ciudadanos porque tratan las reclamaciones de las personas que consideran que los servicios públicos no han funcionado como deberían hacerlo, como por ejemplo, los pacientes que consideran que han sufrido mala praxis en la atención sanitaria pública que han recibido. Los más numerosos han sido los de responsabilidad patrimonial.

Como novedad, este año señalar que se han recibido cerca de un centenar de reclamaciones relacionadas con el impacto de la pandemia y de su gestión sobre diversos asuntos, entre los que están vacunación, gestión de hospitales, responsabilidad patrimonial por daños a las actividades económicas o suspensión de contratos, informa Efe.

De estas reclamaciones relacionadas con la pandemia,las más numerosas son las que se deben a daños y perjuicios derivados delas medidas administrativas adoptadas en relación con la hostelería por la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19.

Los bajos umbrales establecidos para que este tipo de reclamaciones requieran un dictamen del Consultivo, de 3.000 euros si se dirigen contra una Administración Local o de 6.000 si son contra la Administración autonómica, facilitan el acceso de las reclamaciones de los ciudadanos.