La Agencia Tributaria catalana pasará de tener 800 trabajadores actualmente a rozar los 5.000 cuando asuma toda la recaudación

Ya se conocen algunos detalles sobre cómo será la futura Hacienda catalana. El Govern de la Generalitat prevé que la Agencia Tributaria Catalana (ATC), que a partir de 2026 debe hacerse cargo de la gestión del IRPF, pase de los cerca de 800 empleados actuales a entre 4.000 y 5.000 trabajadores, afirma la consellera de Economía y Finanzas, Alicia Romero. Este concierto económico supone sacar a Cataluña del régimen común, atribuyéndole la cesión del 100% de los impuestos recaudados.

El grupo de trabajo conjunto que estudia cómo reforzar el organismo está analizando fórmulas jurídicas y posibles incentivos para que trabajadores de la agencia estatal se incorporen a la de la Generalitat, señaló Romero en una entrevista que publicó este domingo por "La Vanguardia". "Es algo que ya pasó cuando se transfirieron otras competencias, como los guardias civiles que pasaron a los Mossos", ha indicado la consellera, quitando peso al proceso.

El acuerdo del PSC y ERC para crear una Agencia Tributaria catalana contempla "el traspaso de todos los funcionarios, todos los medios materiales, todos los ordenadores, todos los edificios, absolutamente todo lo de la Agencia Tributaria" estatal "a la Agencia Tributaria catalana", recordó en declaraciones previas el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José María Peláez. Esto supone la desaparición de la Agencia Tributaria estatal de Cataluña, el fraccionamiento de la misma. Al tener Cataluña su propia base de datos, será más difícil la lucha contra el fraude fiscal, advierten los Inspectores de Hacienda.

Durante el primer semestre de 2025, el Govern espera tener definido el modelo de financiación singular que recoge el acuerdo de investidura de Salvador Illa pactado con ERC. El grupo de expertos debe definir "el principio de ordinalidad, la cuota de solidaridad, cuáles son las singularidades de Cataluña, sus competencias y las del Estado en Cataluña", entre otros aspectos, detalló Romero. "Creemos que nos darán dos o tres escenarios, y decidiremos con ERC. Y luego se tendrá que negociar con el Gobierno de España", avanzó la titular de Economía y Finanzas, que aseguró que Cataluña "será solidaria" y reprochó que la igualdad entre territorios que supuestamente ahora se da, no existe realmente.

En cambio, los inspectores de Hacienda denuncian que el concierto romperá los "principios de igualdad y solidaridad" entre españoles, de forma que "habría regiones de primera y de segunda, ciudadanos de primera y de segunda". Asimismo, aseguran que este nuevo régimen es "inconstitucional" y alterará gravemente el funcionamiento de la Agencia Tributaria.

Los efectos financieros del concierto económico catalán entre el PSC y ERC contemplan un transvase anual entre 6.600 y 13.200 millones de euros desde la caja común del Estado hacia la Hacienda catalana, lo que elevaría la financiación homogénea de la Generalitat entre un 25% y un 50%, según advirtió Fedea en su informe «Las implicaciones financieras de un concierto catalán: algunos datos y cálculos orientativos». La Generalitat dejaría de aportar a la caja común entre el 30% y el 60% de sus impuestos. Además, reconocer el déficit fiscal catalán obligaría a subir los impuestos casi un 30% o a reducir el dinero disponible para las comunidades autónomas.