El alcalde de León reclama la eliminación del peaje de la autopista entre la provincia leonesa y Asturias

El alcalde de León, José Antonio Diez, reclama la eliminación del peaje de la autopista León-Asturias y exige que se dé ya cumplimiento a las resoluciones que declaran irregular la ampliación de la concesión que debería haberse extinguido -y con ello el cobro del peaje- hace ya cuatro años.

El PSOE llevará una moción al próximo pleno municipal para lograr un posicionamiento conjunto de todos los grupos municipales ante un asunto, explica el regidor, que afecta a la movilidad de los leoneses y, especialmente, a los profesionales y trabajadores que cubren esta ruta habitualmente por razones laborales.

Diez precisó que el flujo de tráfico en esta vía es altísimo -más de 4 millones de tránsitos anuales- y es necesario prestar un servicio gratuito avalado tanto por la necesidad de una vía segura de conexión con el Principado como por el cumplimiento de los requerimientos legales de una concesión prolongada de forma irregular.

El Gobierno de España -recordó el alcalde- extendió en el año 2000 las concesiones de las autovías León-Asturias AP-66 y a la AP-9, en Galicia, por 29 y 25 años, y después las vendió a los concesionarios sin haber abierto el proceso de licitación ni cumplir el trámite de publicarlo en el Diario Oficial de la Unión Europea, como exige la directiva sobre contratos públicos. El pasado mes de julio la Comisión Europea dio un ultimátum a España en la que advertía de que le llevara a la Justicia si no modifica estas concesiones que son contrarias a las normas de la licitación pública europea.

El alcalde reclama que el Gobierno de España acometa ya los procedimientos administrativos que sean precisos para eliminar este peaje, de forma similar a lo que se ha hecho con otras concesiones como la AP-68, cuyo pago desaparecerá ya el próximo año, o como se hizo en el pasado con las autopistas AP-7, AP-2 o AP-4. “No es de recibo que los leoneses tengan siempre que esperar, sufriendo las consecuencias negativas de decisiones arbitrarias, injustas e injustificables. Solo exigimos las mismas condiciones de movilidad que el resto de los territorios”, explicó Diez.