Castilla y León pide no poner fin al coche de combustión en 2035

Castilla y León es una potencia en la industria de la automoción, con firmas como Renault, Nissan e Iveco a la cabeza. Un sector que supone un 10,5 por ciento del PIB en España, del que viven más de 40.000 familias en la Región, y que no pasa por su mejor momento.

De hecho, el pasado año redujo en hasta un 5 por ciento sus ventas, y vive con la amenaza del fin de los coches de combustión que circulan con diésel y gasolina previsto por la UE para 2035, pese al veto que han mostrado naciones como Alemania.

Esta situación preocupa y mucho en la Comunidad, y por eso este miércoles se debatía en las Cortes de Castilla y León una iniciativa impulsada por el PP -que salía adelante con los votos de los populares y de Vox-, que reclama a Sánchez y su Gobierno que se alinee al país teutón y otros países productores como Hungría, Polonia e Italia que también han mostrado su rechazo al fin del combustible dentro de doce años.

Si bien, la propuesta, como recordaba el popular Raúl de la Hoz, pretende que se modifique «el modo y la velocidad», ya que considera que no hay tiempo para adaptarse al plazo previsto, tanto por los fabricantes como por la infraestructura que requiere para que llegue a todos, y porque en estos momentos ni es justo ni económicamente viable poner a los combustibles.

«Esta medida generaría una inestabilidad insoportable», advertía de la Hoz, quien se mostraba en contra de que se obligue a los fabricantes a tener que afrontar grandes inversiones para que contaminen menos, y defendía que se abra un debate sobre las consecuencias que esta reestructuración tendrá en el sector. Igualmente, advertía del incremento de costes de fabricación y venta de vehículos que traerá consigo la norma Euro 7 y por ello pedía a Sánchez que defienda los intereses de España y se oponga a ella.

La iniciativa parlamentaria salía adelante justo en un día en el que Valladolid acogía la presentación del Congreso «Future Mobility Challenges», que se celebrará el 13 de abril de la mano del Clúster de la Automoción de Castilla y León (Facyl), cuyo presidente, Félix Cano, aseguraba, convencido, que el coche eléctrico y el de combustión aún convivirán juntos muchos años, ya que faltan muchas tecnologías por desarrollar.

[[H2:«Acoso» político]]

Por otro lado, las Cortes aprobaban otra iniciativa impulsada por el PP, también con los votos de populares y Vox, para reclamar al Gobierno que apoye la continuidad de la estación de esquí de Navacerrada, en su vertiente segoviana. La PNL arremete contra los «argumentos ideológicos» del Gobierno contra esta estación, que da trabajo a más de 300 familias, pide a Sánchez que «frene su aversión» hacia la Región, y que tramite una nueva concesión de uso privativo de las instalaciones.

Desde Vox, la procuradora Susana Suárez pedía que cese el «acoso» político a la empresa que explota la estación y que se revoque la resolución que impide el uso de agua del arroyo «El telégrafo» para fabricar nieve artificial.

Dos años del fracaso de la moción del PSOE

Se da la circunstancia de que este Pleno de las Cortes de Castilla y León ha coincidido en el tiempo con la moción de censura que presentó Vox a Pedro Sánchez y su Gobierno con el economista y ex diputado Ramón Tamames de candidato.

Una iniciativa que, como se esperaba, fracasó y no salió adelante, al igual que la que presentóel líder socialista Luis Tudanca a Fernández Mañueco justo hace dos años. Mociones de censura que han sobrevolado el hemiciclo y han estado muy presentes en el Parlamento regional estos dos últimos días como chascarrillos en los pasillos y en el debate.