Castilla y León recurre la sentencia del TSJ sobre la la estación de esquí de Navacerrada

Castilla y León sale en defensa de la estación de esquí segoviana de Navacerrada, del empleo y de la actividad económica y productiva que de ella se deriva, e interpondrá un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobr que se conocía este jueves y que obligaba al Gobierno regional a declarar la caducidad del título concesional de la estación así como a resolver sobre la liquidación del estado posesorio, la retirada de las instalaciones, la restauración de la realidad física alterada así como la liquidación de la indemnización que, en su caso, sea procedente.

“La sentencia sobre Navacerrada es extensa y hay que estudiarla, pero ya puedo adelantar que la Junta de Castilla y León va a recurrir esa sentencia en casación ante el Tribunal Supremo. Primero, porque creemos que es indispensable la defensa de la idiosincrasia autonómica”, avanzaba este viernes el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante una visita a Zamora para hacer entrega de distinciones a e empleados públicos de la Junta.

"Hablamos de unas pistas de esquí que son las únicas en España que se ven afectadas por esta impugnación por parte del Estado y no entendemos por qué", advertía el consejero, mientras explicaba que toda la protección medioambiental que tiene esa zona se ha conseguido estando en funcionamiento y vigentes las pistas de esquí. "No se entiende por qué se dice que hay esa afectación especial en estas pistas”, añadía, en declaraciones recogidas por Ical.

Gago, además, denunciaba os continuos ataques del Estado a Castilla y León, y lamentaba que lo único que buscan, bajo una excusa medioambiental, "es que no tengamos futuro como comunidad autónoma en los sectores que nos interesan”.

“Se ha generado un ámbito empresarial que condiciona la economía de toda esa zona de Segovia, que vamos a defender hasta donde podamos porque creemos que es justo y necesario”, finalizaba.

Además, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha mostrado hoy su “desacuerdo jurídico” con la sentencia y argumenta que aunque la Junta acepta la parte del fallo en el que se indica que la Administración autonómica es competente para analizar la caducidad de la concesión, la posibilidad de prórroga y ejecutar un posible desmantelamiento, no comparte que les tenga que decir que es lo que han de hacer. "La competencia es nuestra y seremos libres de decidir lo que corresponda”, apuntaba, al tiempo que avanzaba que desde la Junta se volverá a pedir al Gobierno la transferencia de la titularidad de los Montes de Valsaín, paraje donde se ubica la parte segoviana de la estación de esquí.