Castilla y León tendrá un operativo contra incendios "público, permanente y eficaz"

El Gobierno reagonal se cmpromete con la prevención y lucha contra los incendios forestales. El Consejo de Gobierno celebrado este jueves ha dado luz verde hasta dos decretos leyes Laque tienne como objetivo llevar a cabo un cambio "integral" del operativo contra incendios. Además, se han aprobado nuevas partidas para ayudar a familias afectadas para reconstruir sus casas, así como a agricultores, ganaderos y apicultores cuyas explotaciones fueron arrasadas por las llamas.

El primero de los decretos aprobados establece un nuevo modelo basado en la "profesionalización, estabilidad laboral y reconocimiento institucional del colectivo", además de marcar un "punto de inflexión" en la consolidación de un operativo "plenamente público, permanente y eficaz", según destacaba el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.

Así, se implantará un operativo que estará activo durante todo el año, superando el modelo estacional centrado en las campañas de verano. Para ello, la Consejería de la Presidencia modificará, antes de que termine 2025, las Relaciones de Puestos de Trabajo tanto de funcionarios como de personal laboral, cuyo incremento de coste ya se contempla en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad aprobado por la Junta.

"Los empleados públicos del dispositivo no solo actuarán en tareas de extinción, sino también en prevención activa, mantenimiento de infraestructuras contra incendios, vigilancia forestal, restauración del entorno tras los fuegos, y otras tareas técnicas fundamentales para reducir el riesgo de grandes incendios", aseguraba, por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Y su disponibilidad permitirá que su actuación pueda extenderse a situaciones de emergencia de protección civil así como anticiparse a ellas y poner al servicio de la ciudadanía una respuesta profesional, rápida y versátil ante cualquier situación de riesgo.

El decreto ley contempla la transformación de los actuales contratos fijos discontinuos en empleos a jornada completay con continuidad a lo largo de todo el año. Esta medida supondrá una mejora sustancial en la estabilidad del empleo público, la planificación de campañas y la profesionalización del sistema.

Asimismo, se incluye la creación del nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B, en aplicación de la Ley de 2024 Básica de Agentes Forestales y Medioambientales. Este cambio permitirá la integración voluntaria de los actuales funcionarios del Subgrupo C1 en un cuerpo de mayor responsabilidad técnica, con mejores condiciones laborales, carrera profesional y retribuciones acordes a su función.

Y se impulsa la funcionarización del personal laboral de la categoría de Celador de Medio Ambiente, facilitando su acceso mediante promoción interna a puestos de agente medioambiental, lo que refuerza el carácter público y estructural del dispositivo.

Otro de los pilares del decreto ley es el reconocimiento oficial de la figura del Bombero Forestal, conforme a la Ley de 2024 Básica de Bomberos Forestales. Esta calificación se aplicará tanto a funcionarios como a personal laboral que desempeñan funciones directamente vinculadas a la extinción, vigilancia, detección y recuperación del medio natural.

Gago señalaba que este reconocimiento se realizará en la inmediata modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo que se va a acometer, e implica no solo mejoras jurídicas y profesionales, sino también la creación de un complemento específico vinculado a la especialización y al riesgo, así como la aplicación de coeficientes reductores que permitirán el acceso a la jubilación anticipada.

Por último, la nueva norma prevé que, entre 2026 y 2028, todo el dispositivo pase a tener carácter público, pasando desde el sector privado salvo en servicios de alta especialización como los medios aéreos o la maquinaria pesada. El coste correspondiente a esta transición para 2026 ya está también recogido en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año que viene.

Este cambio irá acompañado de un ambicioso plan de formación continua y especializada, coordinado por la Escuela de Administración Pública en colaboración con el Centro para la Defensa contra el Fuego de León.

Todas estas medidas beneficiarán de forma directa a casi 2.200 empleados públicos de la Junta. "Damos un paso firme hacia un modelo más moderno, eficaz y justo", insistía el consejero de la Presidencia.

El segundo de los decretaros ley aprobados tiene que ver con la puesta en marcha de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales, una norma que responde a la necesidad de reforzar la seguridad de la población y la protección del patrimonio natural ante la creciente virulencia de los incendios registrados en los últimos años que han alcanzado una intensidad crítica en el mes de agosto pasado.

La norma introduce importantes modificaciones en las leyes de Montes, Patrimonio Natural, Urbanismo y Carreteras de Castilla y León, así como en diversos decretos reglamentarios, con el fin de agilizar los procedimientos administrativos, reforzar la acción preventiva, mejorar la coordinación institucional y adaptar el marco legal a las necesidades actuales del territorio.

El Decreto comienza con la declaración de interés general de toda actuación en el territorio para garantizar la seguridad de la población ante incendios, que legitima para la imposición de obligaciones, limitaciones y procedimientos. Añade a los deberes normativos ya existentes de los propietarios de terrenos y bienes inmuebles urbanos y no urbanos, la perspectiva preventiva de incendios. Además, habilita a las Administraciones competentes para la acción preventiva en terrenos privados y regula los procedimientos, incluyendo un procedimiento de emergencia, y prioriza las ayudas públicas que se convoquen en el ámbito de la prevención.

Entre las novedades, cabe señalar la integración de la prevención de incendios en la planificación y la normativa urbanística, tanto en la Ley de Urbanismo de Castilla y León como el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Así, el Decreto regula las ordenanzas municipales específicas en materia de prevención de incendios y seguridad de personas y poblaciones y refuerza y fomenta los Planes de Protección Civil de ámbito local por emergencia de incendios forestales.

También define los anillos de protección como la franja de terreno donde la combinación de infraestructuras viarias y de prevención de incendios, junto con medidas de control de la vegetación y de protección de las edificaciones, suponen un elemento de defensa frente a la entrada hacia el interior del núcleo urbano de incendios provenientes del exterior. Se prevén normas que posibilitan y facilitan la acción de las Administraciones públicas, cada una en sus competencias, para hacer efectivo que esos anillos estén en las condiciones necesarias para el fin de protección al que están destinados, confiriéndose instrumentos jurídicos para imponer las actuaciones que sean precisa a dicho fin en terrenos privados.

Otra parte fundamental del Decreto Ley son las modificaciones normativas dirigidas a recuperar el mosaico tradicional en el territorio con actividades agrarias que generan discontinuidades. Para ello, en concreto, se clarifica y amplia el tiempo de paso de superficies agrícolas abandonadas a forestales, de veinte a treinta años, para facilitar el mantenimiento de los usos agrícolas y de discontinuidades en la cubierta forestal. Y se facilita la reversión a usos agrícolas mediante procedimientos simplificados, ampliándose el plazo para ello de treinta años a cincuenta. También se otorga un mayor alcance y agilidad a los procedimientos de concentración parcelaria en cuanto a su relación con los procedimientos de cambio de uso forestal.

Finalmente, se autorizan roturaciones para cultivo agrícola en casos en que se busque fomentar la infraestructura de prevención frente a incendios forestales mediante la apertura y mantenimiento de discontinuidades y áreas de baja combustibilidad, según informan desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Facilitar la gestión forestal activa con reducción de las cargas de combustible y acometer una reducción las cargas administrativas con medidas de simplificación administrativa tanto para labores preventivas como para aprovechamientos es una parte importante del Decreto Ley. Para ello, en concreto, se facilita la ejecución ágil de aprovechamientos maderables y leñosos, estableciendo silencio positivo para las cortas inferiores a 100 m3 o 100 toneladas.

También se fomenta la prevención dirigida a la causalidad, los mecanismos de concienciación, disuasión y vigilancia, la participación social y la cultura de autoprotección, los análisis y determinaciones preventivas a escala de macizos forestales, y la prioridad en las labores de prevención de incendios que realice o financie la administración de la Comunidad.

Y un tercer grupo de reformas se dirigen a reforzar las capacidades del operativo de manera que a la nueva acción de incremento inversor en los medios humanos y materiales, se incluyan medidas para agilizar los trámites administrativos relacionados con la dotación de medios y la cobertura de vacantes. Se refuerza su carácter de servicio público y esencial para emergencias de protección civil, la prioridad y urgencia en los expedientes administrativos relacionados con la disposición de medios, su refuerzo identitario y la garantía de un funcionamiento coordinado e interoperable entre todos sus componentes. Además, el decreto prevé la promoción de acciones de fomento dirigidas a las diputaciones provinciales para apoyar a los municipios en la prevención.

La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, con el objetivo de garantizar una respuesta inmediata y eficaz ante los desafíos que plantea la actual situación de riesgo por incendios forestales.

Ayudas a los afectados

En cuanto a ls partidas aprobadas hoy para ayudar a los afectados por los incendios de ete verano, cabe señala que el Consejo de Gobierno de este jueves ha acordado nuevos beneficiarios dentro del plan recuperación acordado por esa comunidad, con nuevas ayudas para siete ganaderos y 54 apicultores afectados por los grandes incendios de este verano por 342.599 euros, según detallaba el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

El Consejo de Gobierno ha aprobado además 909.500 euros en subvenciones para cubrir los daños sufridos por 10 familias en sus viviendas o edificaciones en Villamontán de la Valduerna, y Quintana y Congosto (León) y en Ayoó de Vidriales (Zamora).

Con esta actuación, que se suma a las ya aprobadas en varios municipios distribuidos en las provincias de León, Salamanca, Zamora y Palencia, el total destinado reconstrucción de viviendas a alcanza los 7.039.635 euros para 51 familias, mientras que son ya 711 los beneficiarios de las ayudas para el sector primario, con 3,51 millones para los ganaderos y apicultores afectados.

Asimismo, se ha dado luz verde a otras 427 subvenciones de 500 euros para las familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios.

Con ese expediente se han destinado ya 1.176.000 euros para un total de 2.352 familias.

Además, se ha aprobado el pago del noveno bloque de ayudas que suman 55 nuevas solicitudes por valor de 302.500 euros destinados a autónomos y pymes cuya actividad se haya visto interrumpida en los municipios afectados y evacuados por el fuego.

Se han aprobado hasta la fecha un total de 406 ayudas de 5.500 euros por beneficiario por un total de 2.233.000 euros.

Y la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha acordado destinar más de 200.000 euros a intervenciones de emergencia en Espadaña en Salamanca y en Ayoó de Vidriales, Cubo de Benavente, Uña de Quintana y Molezuelas de la Carballeda en Zamora.

Las actuaciones de desescombro y consolidación de viviendas alcanza ya casi los 3,3 millones