El CES reclama que la Ley de atención a la infancia reconozca la atención sanitaria en salud mental

El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) ha reclamado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que en la futura Ley de atención a la infancia y la adolescencia se reconozca como un derecho la atención sanitaria y sociosanitaria en materia de salud mental a los menores.

Esta recomendación se recoge en las conclusiones del informe previo sobre el anteproyecto de ley que ha elaborado CES, donde se argumenta que la salud mental en la infancia y adolescencia se presentan como un reto global de “creciente complejidad”. Así, se demanda una atención interdisciplinar y políticas públicas que prioricen la prevención y el acceso a servicios especializados, con el objetivo de mitigar el impacto a largo plazo en el desarrollo y bienestar de la población más joven, ya que la identificación temprana y la intervención oportuna son cruciales para los niños, niñas y adolescentes.

Al mismo tiempo, y dado que la infancia y la adolescencia son etapas decisivas para el establecimiento de hábitos que impactan la salud a largo plazo, desde el CES se recomienda implementar políticas públicas que promuevan la educación nutricional, faciliten el acceso a un ocio y tiempo libre saludable y fomentando entornos escolares y comunitarios que prioricen el desarrollo

integral y la autonomía de niños.

Al mismo tiempo, se resalta que los recursos a la atención a la infancia y la adolescencia debe entenderse como una inversión en las generaciones de futuro, y no como un gasto, por lo que en un entorno territorial de “especial debilidad demográfica” como es Castilla y León cobran relevancia las propuestas de presupuestos "con marca de infancia”.

En este sentido, se reclama a la Administración autonómica incrementar los esfuerzos para que los derechos y medidas de la futura ley sean garantizados en todo territorio, ya que existen necesidades locales específicas, como ocurre en la atención a menores en áreas rurales o con discapacidad.

Por otra parte, el CES también recomienda prestar especial atención al desarrollo de las competencias digitales. Por un lado considera necesario empoderar a los padres en la alfabetización digital con talleres y recursos informativos que les permitan comprender el entorno digital en el que se desenvuelven sus hijos y conocer sus problemas y, al mismo tiempo indica que la protección en el entorno digital debería incluir no sólo los efectos perjudiciales de los contenidos, sino también los efectos sobre la salud física, psicológica, la comunicación, el aprendizaje y el ocio del uso temprano y abusivo de pantallas y aparatos digitales.

En el informe se subraya que está demostrado que el uso precoz de este tipo de tecnologías genera retrasos en el aprendizaje de materias tan importantes como las matemáticas; problemas de socialización, de dependencia... “Las pantallas son el recurso fácil ante situaciones reales que exigen esfuerzo, problemáticas o aburridas, de modo que la dependencia electrónica interfiere en el proceso natural de aprendizaje y dificultad las respuestas creativas y el desarrollo de recursos propios para la vida”. Por este motivo, el CES plantea que las medidas de protección en el entorno se enfoquen desde la perspectiva de la promoción de competencias y el empoderamiento digital, y no solo desde una concepción de control sobre la infancia y la adolescencia.

Estadística

Otro de los puntos en los que se pone en acento es en la elaboración de la información estadística, dado que los datos actuales carecen de “suficiencia” y “heterogeneidad”. Ante este problema, para el Consejo Económico y Social resulta fundamental disponer de datos actualizados, periódicos, fiables y adecuadamente desagregados, que permitan un diagnóstico preciso de las problemáticas y faciliten el diseño de políticas públicas basadas en la evidencia.

Apoyo a las familias

El fortalecimiento de las políticas de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad, los modelos de intervención centrados en las personas y que la familia sea un actor clave en los procesos de ejecución de las medidas, son otras recomendaciones junto con la elaboración de protocolos específicos para abordar situaciones de trata, acoso y otras problemáticas, teniendo en cuenta que la prevención de la violencia debe ser una prioridad.