La Diputación de Burgos apuesta por la industria verde

La Diputación de Burgos apuesta por la implantación de más industria verde en la provincia, según ha trasladado el presidente de la corporación, Borja Suárez durante en la celebración del Día de la provincia, al que han asistido cerca de 300 alcaldes en la localidad de Quintana-Martín Galíndez.

"Somos la provincia de Castilla y León que más energía renovable produce y eso se tiene que traducir en empleo en una provincia que genera más de 31% de su Producto Interior Bruto a partir de la industria", ha defendido Suárez.

Ha puesto como ejemplo de lo que debe ser ese desarrollo industrial el Valle de Tobalina, "que sufre el cierre de la central de Garoña, que no se debió producir, pero ha dejado una subestación eléctrica que es la clave de muchos proyectos de aerogeneradores y energía fotovoltaica, tanto en la comarca de Las Merindades como en La Bureba".

Borja Suárez ha argumentado que si esa energía que se genera en Burgos sale fuera de la provincia se estará "perdiendo una oportunidad", ya que si son productores de energía verde tienen que ser también productores de industria verde.

En este sentido, ha afirmado que ya se ha dado "el paso duro, de mucho impacto y polémico", como es la instalación de aerogeneradores y huertos solares con una gran densidad.

El presidente de la Diputación ha insistido en que Burgos reúne condiciones ideales para ello.

Porque "tenemos el suelo, tenemos agua y tenemos las mejores condiciones, pero necesitamos que los corredores eléctricos se queden en Burgos y los inversores nacionales e internacionales generen industria", ha reflexionado.

Borja Suárez ha recordado que en el caso de Garoña está también en marcha un plan de sostenibilidad turística en destino, que contempla la inversión de 2,8 millones de euros en 18 acciones, de las que catorce están ya adjudicadas y el resto en licitación.

Incluye iniciativas como una embarcación electrosolar en San Martín de Don; un albergue en San Zadornil, en el espacio natural protegido del parque de Montes Obarenes; se han licitado y adjudicado espacios de autocaravanas; y se están aportando bicicletas eléctricas en muchas localidades del entorno de Garoña.

Sin embargo, ha considerado que lo que no va adelante es el Convenio de transición justa, que tiene que desarrollar el Ministerio de Transición Ecológica tras el cierre de Garoña, que es “una gran mentira, por lo que seguimos esperando y reivindicando que tenga una partida específica en los presupuestos generales del Estado”.

Se ha referido al Valle de Tobalina, donde está la central nuclear de Garoña, actualmente en fase de desmantelamiento como "un fiel reflejo de lo que es la provincia de Burgos, un municipio con cerca de cerca de 850 habitantes repartidos en 37 núcleos de población".

A la celebración del Día de la provincia, se han sumado en esta ocasión la vicepresidenta y el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco y Alejandro Vázquez, respectivamente.

Una financiación justa

Isabel Blanco, que atendió a los medios antes de participar en el acto, aseguró que el Ejecutivo autonómico seguirá reclamando una “financiación justa” para las comunidades, y afeó los “chantajes permanentes” del Gobierno de España, frente al “diálogo continuo” del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Se refirió así a la advertencia lanzada por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, de que el Gobierno central podría retirar fondos para la vivienda a las comunidades que no cumplan con la ley aprobada en la materia por el actual Ejecutivo. Blanco acusó así a la ministra de “chantajear nuevamente a las comunidades autónomas”, y afirmó que “solo sabe ceder ante sus socios separatistas”. “Cualquier excusa le vale para desviar la financiación hacia sus socios separatistas, quitándoselas al resto de las comunidades autónomas de España”, añadió la vicepresidenta.

En contraposición quiso poner en valor las acciones llevadas a cabo por su gobierno, e hizo así referencia a los cuatro nuevos acuerdos del Diálogo Social alcanzados ayer en materia de educación, dependencia, vivienda y transición justa. “Acuerdos que buscan mejorar la vida de las personas de Castilla y León”, afirmó Blanco, que hizo alusión al acuerdo de dependencia “para atender a nuestros mayores en el mundo rural, más ayuda a domicilio, más inversión, más prestaciones y más teleasistencia”; así como al importante acuerdo alcanzado en materia de vivienda.

Blanco destacó así que este acuerdo busca poner en marcha 1.600 viviendas más, así como “seguir apostando” por las convocatorias de alquiler que, por ejemplo, en el mundo rural para los jóvenes llegan hasta el 75 por ciento, entre otras medidas. “Vamos a seguir, desde el diálogo con las entidades, los agentes del diálogo social y las corporaciones locales, trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Castilla y León y de nuestro mundo rural”, apuntó al respecto.

Aprovechando su presencia en Quintana Martín Galíndez, la vicepresidenta recordó que Castilla y León es una Comunidad “eminentemente rural”, donde el 36 por ciento de la población vive en el mundo rural; y 2.119 municipios de los 2.648 tienen menos de 2.000 habitantes. “Eso demuestra la riqueza de nuestro linaje, de nuestros pueblos y el trabajo continuo que hay que hacer precisamente para llevar los servicios al mundo rural”.

En este sentido, Blanco explicó que estos servicios, cuando se prestan en los pueblos, son más caros. Un ejemplo que puso fue la educación, que es un 60 por ciento más cara en el mundo rural; o los servicios sociales, donde la ayuda a domicilio cuesta un 78 por ciento más en el mundo rural. Reiteró así que desde la Junta seguirán trabajando “por las personas del mundo rural”, y seguirán poniendo encima de la mesa “medidas que incentiven que las personas quieran venir y quedarse en nuestros pueblos”, tal y como recogía su programa electoral.