La Diputación de Valladolid reclama la suspensión de la tasa estatal de basuras y defiende la autonomía municipal

El Pleno de la Diputación de Valladolid ha aprobado, con los votos a favor del Partido Popular y de Vox y el voto en contra de Grupo Socialista y de TLP, la proposición presentada por el Grupo Provincial Popular en defensa de la autonomía municipal y para solicitar la suspensión de la tasa obligatoria de basuras establecida por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Durante el debate se ha subrayado que los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y, por tanto, los más comprometidos con una gestión responsable de los servicios públicos. En este sentido, se ha defendido la necesidad de que los municipios recuperen la facultad de decidir libremente cómo financiar el servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos, sin la imposición estatal de repercutir el 100% del coste directamente a los vecinos, lo que suprime la capacidad municipal de autogestión y de adaptación a la realidad local.

Asimismo, esta tasa supone una carga económica excesiva para muchas familias y pequeños negocios, y limita la posibilidad de aplicar bonificaciones sociales o tarifas adaptadas a las condiciones de cada municipio.

Por ello, el Pleno de la Diputación ha acordado instar al Gobierno de España a derogar la obligación legal de repercutir íntegramente el coste de la gestión de residuos urbanos en los ciudadanos. En su lugar, se propone establecer un sistema flexible de financiación que respete la autonomía y la potestad tributaria local, permitiendo que los ayuntamientos financien el servicio con fondos propios o mediante modelos mixtos.

La propuesta incluye además incentivos al reciclaje y a la economía circular, así como la posibilidad de aplicar bonificaciones sociales a familias vulnerables, pensionistas o autónomos con bajos ingresos. El acuerdo contempla también solicitar al Gobierno de España el respeto a la autonomía local reconocida en la Constitución y en la Ley de Bases de Régimen Local, y remitir el acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a la federación regional, con el objetivo de sumar apoyos a esta reivindicación.

“Caos ferroviario”

El Pleno de la Diputación ha aprobado también la proposición presentada por el Grupo Provincial Vox, titulada ‘Por la resolución del caos ferroviario entre la provincia de Valladolid y Madrid’. En ella se denuncia la falta de respuesta y transparencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ante los problemas que sufren diariamente los usuarios.

La iniciativa aprobada insta al Ministerio a adoptar las medidas necesarias para eliminar los retrasos y mejorar la calidad del servicio, así como a RENFE para que aumente el número de plazas disponibles en los trenes en horarios de mayor demanda, evitando que se agoten con hasta diez días de antelación de la salida de los trenes.

El acuerdo incluye también la solicitud de dimisión del ministro Óscar Puente, a quien el grupo proponente acusa de haber “convertido en crónica una situación que debía ser excepcional”.

Mayor compromiso con el Pueblo Saharaui

Asimismo, el Pleno de la Diputación de Valladolid ha votado a favor de la proposición presentada por el Grupo Provincial TLP titulada ‘Por un mayor compromiso con el pueblo Saharaui’ en el que se ha acordado reforzar el compromiso con el pueblo saharaui exigiendo al Gobierno de España que adopte una política exterior coherente con las resoluciones de las Naciones Unidas. Además, se ha mostrado el apoyo a la proposición de ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, que pretende reconocer la nacionalidad española a aquellas personas nacidas antes de 1996 en el Sahara Occidental bajo la soberanía de la administración española. Asimismo, se enviarán estos acuerdos al Gobierno de España, a la Delegación Saharaui para España y a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado.

Por otra parte, dentro de este acuerdo, se ha aprobado incrementar la partida presupuestaria destinada a subvencionar a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui para financiar el Programa Vacaciones en Paz con el fin de que se amplíe el número de familias de acogida, y por lo tanto de menores beneficiados.

Otros asuntos

En el pleno de la Diputación también se han aprobado diversas medidas destinadas a mejorar los servicios e infraestructuras municipales en toda la provincia. Entre ellas, destaca la resolución de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores dentro del programa de Reto Demográfico 2025, con un presupuesto total de 550.000 euros, que permitirá financiar 51 proyectos orientados a promover la dinamización económica y social del medio rural mediante iniciativas generadoras de empleo y riqueza.

Asimismo, se ha aprobado la concesión de subvenciones por un importe total de 101.787,19 euros dirigidas a 19 municipios de la provincia para financiar obras de bajo coste económico que garanticen el abastecimiento de agua ante situaciones sobrevenidas.

El Pleno también ha acordado un incremento de 200.000 euros en la línea de ayudas destinadas a la reparación, conservación y mejora de colegios de Educación Infantil y Primaria del medio rural. Con esta ampliación del presupuesto inicial, la inversión total en el ejercicio actual alcanza los 600.000 euros, con el objetivo de mejorar las condiciones de los centros escolares.

Igualmente, se ha resuelto la convocatoria de subvenciones por 240.000 euros destinadas a 67 Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de menos de 20.000 habitantes para financiar obras y equipamientos en locales municipales destinados a personas mayores.

También se ha aprobado la resolución de la convocatoria de subvenciones por 325.000 euros para mejorar la accesibilidad en edificios municipales que prestan servicios de atención a la ciudadanía. En total, se beneficiarán 35 Ayuntamientos y 2 Entidades Locales Menores de menos de 20.000 habitantes.

Finalmente, el Pleno ha dado luz verde a una reorganización de los Centros de Acción Social (CEAS) con el objetivo de equilibrar la distribución de población, territorio y cercanía a los servicios sanitarios. El nuevo mapa, que entrará en vigor en 2026, mantiene 13 CEAS para los 221 municipios menores de 20.000 habitantes, tras la salida de Arroyo de la Encomienda, que contará con su propio centro. Con esta nueva distribución, se busca garantizar una atención más equitativa y coordinada, especialmente en las zonas rurales con población envejecida, reforzando así la red provincial de servicios sociales.