El “Emprendedor Social" en 2023

Durante estos días la Universidad de Valladolid (UVa), en concreto su Facultad de Comercio, está siendo el escenario de una serie de ponencias y mesas redondas sobre un concepto que, a la vez de manido, quizá es un gran desconocido. Hablamos de la Economía Social y todo lo que gira a su alrededor.

Aunque parezca un concepto novedoso, en España existe una Ley de Economía Social desde el año 2011, que se ha ido actualizando conforme han pasado los años y debido, principalmente, a la normativa que nos llega desde la Unión Europea (UE). Ya la propia ley define este concepto como un “conjunto de actividades económicas y empresariales que, en el ámbito privado, llevan a cabo las entidades que persiguen el interés general económico o social, o ambos”.

Con esta definición, podríamos decir que estamos ante una declaración de buenas intenciones, pero el conocimiento empírico de nuestro sistema empresarial, y en concreto el regional, nos materializa la aportación que hacen multitud de PyMes y autónomos a esta vertiente social de la economía. En particular, el “emprendedor social” supone la primacía de las personas sobre el capital, con la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio de su actividad al fin social de la entidad. En suma, promueve y desarrolla la solidaridad dentro de la propia empresa para con el resto de la sociedad y se erige agente independiente y autónomo respecto de los poderes públicos.

Con estos planteamientos, parece fundamental que los nuevos empresarios que surjan encuentren en las aulas de las Universidades y Centros de Formación la mejor respuesta a sus dudas, pues la educación es clave a la hora de potenciar este tipo de economía hasta el punto de que existe una corriente a favor de implantar una asignatura con estos mimbres en los programas educativos.

En este sentido, apostar por el fomento de la economía social supone fomentar la reducción de desigualdades, ya que uno de los objetivos que se persiguen es el de redistribuir los beneficios económicos de una manera equitativa. Con este planteamiento, la sociedad civil cobrará mayor relevancia, así como su participación activa en la toma de decisiones mejor informadas y beneficiosas para todos.

No obstante, existen desafíos importantes que se deben acometer. El primero de ellos es la generación de una conciencia positiva de la economía social en el ámbito empresarial, pues la falta de este sentimiento es una de las principales razones de su prosperidad.

Por otro lado, es importante destacar la colaboración de políticas que fomenten a través de los beneficios fiscales este tipo de prácticas, así como un canal ágil y de fácil acceso a las fuentes de financiación, por lo que cobra especial interés la colaboración público-privada y el consenso de todos los agentes implicados.

En conclusión, aunque el concepto tenga ya unos años y la legislación española ya promueva la economía social, aún quedan medidas y acciones pendientes para poder implementar todo aquello que se recoge en los textos normativos.