El Gobierno debe a Castilla y León más de 260 millones de euros de la Dependencia

La vicesecretaria de Política Social y Económica del PP de Castilla y León, Isabel Blanco, está que trina con las continuas cesiones del Gobierno de España a los independentistas catalanes, ya que considera que se está rompiendo la igualdad entre españoles además de que va en detrimento del resto de autonomías pero especialmente de los ciudadanos, que son quienes pagan las consecuencias.

Y pone como ejemplo lo que está pasando con la Ley de Dependencia, que se financia a partes iguales entre el estado y las Comunidades Autónomas, pero que en la práctica no está siendo así.

De hecho, la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades denuncia que el Gobierno de España debe a Castilla y León más de 260 millones de euros correspondientes a su 50 por ciento de la financiación de las prestaciones derivadas de la Ley.

«La Junta aporta 506 millones de euros mientras que el Estado únicamente destina 244 millones, por lo que nos deben, y no nos cansamos de reclamarlos, más de 260 millones», advertía ayer la dirigente popular mientras aseguraba que no entiende que haya dinero para perdonar la deuda a Cataluña, para transferencias de competencias y los acuerdos que tienen con determinados partidos políticos el PSOE, pero no para abonar un dinero que le corresponde por Ley a Castilla y León y que es necesario para poder prestar un mejor servicio.

Al respecto, apuntaba Blanco que con este dinero que Sánchez adeuda a la Región se podrían incrementar las horas de ayuda a domicilio así como las prestaciones que reciben los usuarios del sistema de Servicios Sociales e incluso poner en marcha nuevos proyectos.

Inmigración.

La consejera también advertía del «proceso de deterioro» en el que se encuentra España y de la última cesión conocida a Cataluña para que Junts no tumbara los decretos ley del miércoles: las competencias de inmigración.

«No se puede trocear la soberanía de un país para seguir sentado en un sillón y tampoco se pueden romper las fronteras y no se puede decir quién entra y a quién se echa, porque son competencias que garantizan la soberanía nacional», decía.

Sobre este asunto, afirmaba que la Junta siempre ha pedido al Ministerio que informe de la llegada de inmigrantes y que trabaje de forma coordinada, «pero esto va mucho más allá de eso», lamentaba.