IGC pide que los planes contra la despoblación en Castilla y León incluyan más guardias civiles además de cámaras

La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) valora como una medida útil, aunque limitada, la decisión de la Diputación de Soria de incluir una nueva línea de ayudas para la instalación de cámaras de videovigilancia en municipios rurales dentro del Plan Soria 2025. La propuesta es una ocasión para abrir un debate más amplio sobre la seguridad rural en Castilla y León, donde la despoblación y la falta de servicios públicos se extienden de manera estructural.

IGC considera que la videovigilancia puede ser una herramienta de apoyo a la labor de los guardias civiles, pero recuerda que la base de cualquier estrategia de seguridad debe ser la presencia activa de guardias en el territorio, especialmente en comarcas que sufren pérdida de población, envejecimiento y aislamiento creciente. “El Plan Soria introduce medidas que responden a una preocupación real de los vecinos, pero la situación que se vive en Soria es muy similar a la de otras provincias de Castilla y León. Hablamos de cientos de núcleos rurales donde el cuartel de la Guardia Civil es, muchas veces, el único símbolo visible del Estado”, explica Daniel Fernández, vicepresidente y portavoz nacional de IGC.

Una ayuda, no un sustituto

La asociación considera que esta tecnología complementa la labor de seguridad, siempre que esté correctamente planificada y coordinada con las unidades operativas de la Guardia Civil.

No obstante, advierte que la creciente dependencia de recursos tecnológicos no puede ocultar ni suplir la falta de medios humanos en zonas rurales. “La videovigilancia puede ser una herramienta de apoyo en la prevención y en la investigación, pero no sustituye la patrulla que recorre las calles, el guardia civil que conoce el terreno y que tiene un contacto directo con el ciudadano, con el vecino”, resalta Daniel Fernández, vicepresidente y portavoz nacional de IGC.

La seguridad en el medio rural solo puede garantizarse con una presencia real, estable y dimensionada de guardias civiles, especialmente en provincias como Soria, donde la dispersión poblacional y la pérdida de servicios públicos hacen que la Guardia Civil sea, en muchos casos, la única presencia del Estado en el territorio. “En muchos pueblos de Soria y del resto de Castilla y León, el cuartel es el único punto visible de la Administración. Si no hay guardias civiles suficientes o no se cubren los turnos con normalidad, esa presencia es una fachada vacía”, subraya Fernández.

Propuestas para el mundo rural

IGC sugiere que, junto a la inversión en dispositivos de vigilancia, el Plan Soria contemple medidas de refuerzo estructural como la aportación de incentivos para la permanencia de los guardias civiles en las áreas rurales, la dotación suficiente de patrullas y de vehículos junto con mejoras habitacionales, sociales y familiares para los guardias civiles destinados en las áreas despobladas.

Daniel Fernández recuerda que las condiciones de seguridad también son un factor clave para frenar el abandono del medio rural, ya que inciden en la percepción de calidad de vida y protección de las personas mayores, familias y nuevos pobladores. “El Plan Soria es una oportunidad para pensar la seguridad no solo como vigilancia, sino como presencia, cercanía y capacidad de respuesta. Y eso solo lo garantiza el factor humano”, argumenta Fernández.

“La seguridad es un factor clave para fijar población. Si queremos que nuestros pueblos sigan vivos habrá que garantizar a sus habitantes servicios básicos. Y uno de ellos es la seguridad, no como vigilancia, sino como cercanía, respuesta y presencia real”, añade el portavoz de IGC.