"Emanciparse en Castilla y León continúa siendo una posibilidad remota". Así de contundente se ha mostrado la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Sandra Ámez, durante la presentación del informe del Observatorio de Emancipación de Castilla y León, correspondientes al primer semestre de 2024, y que se ha dado a conocer en la sede del Consejo Económico y Social, en Valladolid.

Según los datos, que analiza, desde una perspectiva cuantitativa y descriptiva, la situación de las personas jóvenes de Castilla y León en lo que respecta a empleo, educación y vivienda. En este periodo, los primeros seis meses del año, la tasa de emancipación en esta comunidad se mantuvo por debajo de la media nacional, situándose en un 14,4 por ciento, que supone un leve descenso en comparación con el año anterior. Una cifra refleja una dinámica de emancipación sostenida, pero limitada en el tiempo.

La forma más habitual entre las personas jóvenes para emanciparse en la comunidad es el alquiler. El coste medio se situaba en 656 euros mensuales, lo que supone un incremento del 7,9 por ciento respecto al año anterior. Es decir, una persona joven tiene que destinar de medio el 57,5 por ciento de sus ingresos mensuales para alquilar una vivienda. Una proporción que se eleva hasta el 104,3 por ciento en el caso del grupo de edad de 16 a 24 años.

Estas cifras reflejan una clara falta de correspondencia entre ingresos y precios de mercado. Como alternativa, el alquiler de una habitación en piso compartido presentaba costes más accesibles. En las capitales de provincia, los precios oscilaban entre 220 y 300 euros, lo que suponía un esfuerzo de entre el 19% y el 26,3% de los ingresos mensuales de una persona joven. Aun así, este tipo de alojamiento también muestra una tendencia al alza, con incrementos generalizados en la mayoría de provincias

Por otro lado, la pobreza juvenil afectaba al 26,5% de la población de Castilla y León, especialmente a las mujeres, que percibían un salario anual 1683€ inferior al de los hombres. Llama la atención que el hecho de estar trabajando no implicaba salir de esta situación de vulnerabilidad, puesto que el 14,9% de la juventud empleada en Castilla y León también se encontraba en riesgo de pobreza. Francisco Javier Muñoz, secretario y responsable del área Socioeconómica y de Derechos Humanos, ha destacado que el 31,4% de las personas jóvenes compaginan el trabajo con los estudios, lo que demuestra que disponer de un empleo no garantiza la posibilidad de independizarse.

Enrique Cabero Morán, presidente del CESCyL, ha subrayado la importancia de actuar en favor de la juventud, especialmente en una sociedad longeva como la de Castilla y León. Ha señalado que invertir en la emancipación juvenil contribuirá a mejorar tanto la situación demográfica como socioeconómica de la comunidad.

Sandra Ámez ha reconocido la complejidad de regular los precios de la vivienda, por lo que ha propuesto la creación de mecanismos de garantía pública que aseguren que ninguna persona joven deba destinar más del 30% de sus ingresos al acceso a una vivienda. Ha finalizado su intervención recordando que “la emancipación no debería ser un privilegio, sino un derecho social”