
Economía
Valladolid y Salamanca, entre las ciudades con el impuesto de circulación más caro de toda España
Por un turismo de tipo medio los vallisoletanos pagan un 28% más que los zamoranos

Valladolid es la capital de provincia con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica más alto de la Comunidad y también figura entre las más caras de España, al incrementar discrecionalmente la cuota del impuesto hasta llegar a cobrar el doble de la tarifa mínima establecida.
Mientras un vehículo tipo medio, de 11,99 caballos de potencia fiscal, paga en Valladolid 68,16 euros, en Zamora el impuesto es de 49,08 euros (-28 por ciento) y en Palencia de 51,04 euros. Tras Valladolid, el impuesto más caro para este tipo de automóviles lo tiene Salamanca, con 67,76 euros, seguida de Soria (63,48 euros), Burgos (62,62 euros) y Segovia y Ávila, ambas con 60,66 euros. En León está fijado en 58,50 euros.
Según un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), donde se pone de manifiesto las enormes diferencias que existen entre ciudades, mientras este tipo de vehículo paga en Santa Cruz de Tenerife 34,08 euros, en Madrid son 59 euros, en Barcelona 68,16 euros y en Vitoria 74,31 euros. Entre los ayuntamientos más caros, según cita la AEA en su informe, también aparecen Bilbao, y resto de ciudades que aplican el máximo como Gerona, Tarragona, Lleida, Ciudad Real, Salamanca, Valladolid, Huelva, Granada y Palma de Mallorca.
En el caso de los turismos de alta gama, tanto en Valladolid como en Ávila, Zamora y Salamanca aplican el máximo de 224 euros. En este caso la tarifa más barata corresponde a Segovia con 199,36 euros, seguida de Burgos (205,80 euros), León (209,40 euros), Soria (211,70 euros) y Palencia (215,25 euros). En los últimos cinco años, los ayuntamientos de Burgos, León, Salamanca, Valladolid y Zamora han mantenido congelado este impuesto, mientras que Ávila, Palencia y Soria se han producido subidas.
Este impuesto, creado en España hace treinta y dos años en sustitución del impuesto de circulación de vehículos (conocido también como ‘el numerito’), genera unos ingresos anuales de 3.900 millones de euros a las haciendas locales.
El impuesto se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de turismos; en función de la cilindrada, en el caso de las motos, y el peso y número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses, respectivamente, de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional, a excepción de los territorios históricos del País Vasco y Navarra.
También la ley permite aplicar bonificaciones de hasta el 75 por ciento en función del carburante y las características de los motores, e incluso exonerar el pago del impuesto en el caso de los vehículos históricos y de más de 25 años.
Pero según el informe de AEA, las diferencias de tarifas no sólo se producen entre las capitales de provincia de distintas comunidades autónomas sino también entre ayuntamientos de una misma provincia. Así, por ejemplo, la tarifa que cobran los municipios madrileños de La Hiruela, Patones o Las Rozas de Puerto Real, es siete veces más barata que la que se cobra en Madrid capital; o dentro de Cataluña, la que cobra el municipio de Rajadell o Aguilar de Segarra es ocho veces inferior a lo que se cobra en Barcelona.
Este hecho ha motivado el que numerosas empresas de alquiler y de renting hayan concentrado la matriculación de sus flotas en pequeños municipios en los que han abierto sucursales por su favorable tratamiento fiscal. A cambio, cada año les toca la lotería del ‘numerito’ por el ingreso que reciben por el impuesto de unos vehículos que ni siquiera circulan, ni van a circular nunca, por esa población.
AEA explica que el origen de este fenómeno de ‘los paraísos fiscales’ se inició a raíz de la eliminación del indicativo provincial de las matrículas españolas, en septiembre del 2000, lo que permitió a los propietarios de grandes flotas de vehículos destinados al alquiler de coches y al renting concentrar la matriculación de sus vehículos en municipios con una baja fiscalidad.
Tal es el caso de diez municipios españoles (Moralzarzal, Venturada, Navacerrada, Las Rozas de Puerto Real, Robledo de Chavela, Brunete, Collado Mediano y Patones, en Madrid; Finestrat, en Alicante; y Tejeda, en Gran Canaria), con una población de entre 600 y 15.000 habitantes, en los que se matriculan aproximadamente el 39 por ciento del total de coches de empresa de toda España por su privilegiado tratamiento fiscal. Es decir, 220.006 turismos sobre un total nacional 562.538 unidades.
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