ERC apoya las ordenanzas de Colau y BComú la liberación de Junqueras

Después de cuatro años de reproches y negociaciones fallidas en los que el «procés» ha enturbiado también la política municipal, el Ayuntamiento de Barcelona tiene, por fin, nuevas ordenanzas. El malestar entre ERC y JXCAT, «in crescendo» desde 2017, ha resquebrajado la política de bloques y ha abierto el diálogo entre fuerzas. Fruto de esta dinámica, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona dio ayer luz verde a unas nuevas ordenanzas municipales y a la zona de bajas emisiones, que aún no tenía su normativa aprobada, pese a que entrará en vigor el 1 de enero de 2020.

Tanto las ordenanzas fiscales como el veto a los coches contaminantes salieron adelante con el apoyo de los mismos aliados: BComú, el PSC, ERC y JxCAT. El concejal de la Presidencia, Jordi Martí, agradeció a ERC su esfuerzo por llegar a acuerdos y se atrevió a decir que «estamos recuperando un espacio de confianza para colaborar en el futuro». También reconoció a JxCAT el esfuerzo que ha hecho para facilitar la aprobación de las nuevas tasas. Y abrió la puerta al resto de grupos municipales –Ciudadanos, el PP y BCN pel Canvi–, para dialogar. «Tenemos modelos diferentes, pero podemos colaborar», concluyó.

Tantas buenas palabras no son sólo cosa del espíritu navideño. El gobierno municipal tiene pendiente aprobar presupuestos y otros impuestos en 2020, como la tasa de residuos y las nuevas tarifas de la zona verde y la zona azul, que se han quedado fuera de las ordenanzas. La tasa de residuos, que despierta muchos recelos entre la oposicion, superó el primer trámite, gracias a la abstención de ERC.

Pero como Barcelona no es un oasis, para que el diálogo siga dando frutos, tienen que acabar bien otras negociaciones en el Parlament de Cataluña, donde ERC, JxCAT y los comunes han dado un primer paso para aprobar los presupuestos, y en el Congreso de los Diputados, donde la entente entre Pedro Sánchez y ERC está más difícil después de que la justicia europea haya reconocido la inmunidad de Oriol Junqueras.

Una muestra de cómo la decisión del tribunal de la Unión Europea volverá a alterar la política en todas las instancias se vivió en la parte final del pleno. ERC y JxCAT presentaron un texto que exige la nulidad de la sentencia del juicio del 1 de octubre, reclama la libertad de Oriol Junqueras y rechaza la vía penal y la sentencia de desobediencia contra Quim Torra. Salió adelante con el apoyo de BComú. Colau se desmarcó del PSC, su socio de gobierno, con el argumento de que «la judicialización de la política es un error y es una vía agotada». La declaración, que cuenta con diez puntos, insta a iniciar una nueva etapa de diálogo y a buscar soluciones políticas». También pide reconocer que es el Parlament de Cataluña –y, por lo tanto, los ciudadanos con sus votos–, el que debería elegir democráticamente quien ocupa la Presidencia de la Generalitat, un guiño a Carles Puigdemont. Y llama a Pedro Sánchez a actuar de «inmediato» para garantizar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Mientras que Bcomú entiende que Europa pide volver a la mesa de diálogo, el PSC dice que «hay que respetar y acatar las sentencia».

66 millones de ingresos extra con las nuevas ordenanzas

Barcelona no se escapa del bombardeo del «procés», aunque intenta volver a la vida política ordinaria. Las ordenanzas que ha aprobado incluyen una subida del IBI, el de vehículos, el de construcciones y obras, la tasa de terrazas, la del alcantarillado, la de la grúa municipal y la supresión de la tasa de nueva actividad. Los cambios tendrán un impacto de 66 millones en las arcas municipales. La subida del impuesto a las terrazas es la más polémica.

El IBI subirá una media del 5,4%. El precio de la grúa, un 17%, retirar un turismo del depósito costará 173 euros. Aunque el incremento más polémico es el de la tasa de las terrazas que pretende poner orden y equiparar los coeficientes a ciudades como Venecia o Roma. Una terraza de La Rambla o del Paseo de Gràcia, las zonas más caras, que ahora pagan 1,05 euros cada día por un espacio de 2,25 metros cuadrados (una mesa con cuatro sillas), en 2020, pasará a pagar 3,51 euro.

Mientras ERC defiende haber apoyado una fiscalidad verde que ayuda a reducir las desigualdades, el PP alega que la mejora del aire no se logrará con más presión fiscal