El Govern da por hecho que las elecciones serán el 14 de febrero

Cataluña tiene este jueves una jornada determinante para el porvenir electoral: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidirá si ratifica la suspensión provisional del retraso de las elecciones al 30 de mayo y mantiene el 14 de febrero como fecha para la cita con las urnas. Después de que atendiera el martes la petición de medidas cautelarísimas de un particular –un antiguo Mosso d’Esquadra, de perfil independentista– y el partido Izquierda en Positivo, hoy deberá valorar las alegaciones de la Generalitat y el informe de la Fiscalía, que albergan posiciones contrapuestas. El gobierno catalán pide el 30-M, aunque internamente ya asume que deberá ser el 14-F, según ha podido saber este diario. El Ministerio Público, por su parte, aboga por mantener, de momento, la fecha de las elecciones en febrero.

La sala contenciosa del TSJC deliberará desde esta mañana y, con toda probabilidad, anunciará la decisión esta tarde. Como muy tarde, está previsto que lo haga mañana ya que es un caso que requiere máxima urgencia y el TSJC ya es consciente de ello, como dejó constancia en las dos resoluciones judiciales que dictó el martes. Pese a que en el Govern se da por hecho que las elecciones se tendrán que celebrar el 14 de febrero, de cara al público, el president en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, advirtió ayer de que darán «la batalla hasta el final» para conseguir la razón, explicó que presentarán todos los informes jurídicos y sanitarios que tienen preparados y adujo que si se terminan celebrando las elecciones en febrero, corren el riesgo de tener una alta abstención por la supuesta inseguridad que pueden tener los votantes al estar sumidos en la tercera ola del coronavirus.

Así, Pere Aragonès puso en el centro de su argumentación el riesgo sanitario que supone movilizar a 5,5 millones de personas –el censo electoral– y la falta de legitimidad que podría tener el proceso electoral si hay baja participación. Si bien, el president en funciones también dejó entrever ya cierta predisposición a asumir el 14 de febrero al aludir hasta en dos ocasiones a su voluntad por celebrar elecciones lo «más pronto posible».

Lo cierto es que desde círculos judiciales ven muy difícil que el TSJC se desdiga y levante la suspensión provisional del decreto de aplazamiento de las elecciones del Govern. Menos aún cuando cuenta con el aval de la Fiscalía, que ayer se posicionó a favor de la decisión del tribunal.

El ministerio público, que este miércoles ha hecho llegar el informe a la sala contenciosa del TSJC, se apoya en un argumento para defender su postura: si no se suspendiera el aplazamiento electoral, la duración del procedimiento judicial hasta que el tribunal resuelva sobre el fondo podría abocar –con gran probabilidad, si no plena seguridad- a hacer inviable» celebrar las elecciones el 14 de febrero si finalmente así lo decide el tribunal.

Es decir, el fiscal considera que dejar vigente la desconvocatoria electoral de febrero –para luego llamar a las urnas en mayo– cuando el tribunal aún no ha decidido sobre el fondo, supondría en la práctica impedir que las elecciones pudieran hacerse el 14-F por una cuestión de calendario y plazos. Y, en este supuesto, deja constancia que «los recursos interpuestos contra la resolución que aplaza la fecha electoral perderían su finalidad».

De hecho, la Fiscalía remarca que el dictamen se centra «única y exclusivamente en la procedencia de la medida cautelar, sin que proceda abordar cuestiones de fondo». Y, en este sentido, añade que «la decisión de levantar la medida cautelar acordada equivaldría de facto, de adoptarse en el presente momento, a una anticipación del fallo (desestimatorio)». En cambio, expone que «el aplazamiento previsto para el 30 de mayo, o incluso la posibilidad de sucesivos aplazamientos» si las circunstancias sanitarias derivadas del coronavirus se mantienen, no se vería afectado si finalmente el TSJC aprueba el cambio de fecha, ya que habría suficiente tiempo para tramitarlo con los plazos judiciales habituales.

En total, se han presentado cinco recursos contra el 30-M.