Golpe del TSJC a los independentistas: temen perder la mayoría el 14-F

Vuelco electoral en Cataluña. Cuando todos los principales partidos políticos habían asumido la nueva fecha del 30 de mayo para celebrar los comicios, varios recursos –se han presentado hasta cinco– han devuelto la cita con las urnas al 14 de febrero y han desatado una tormenta política en Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha aceptado las medidas cautelarísimas pedidas por dos demandantes y la Generalitat tiene ahora hasta este jueves a las 10 horas para formular alegaciones. El gobierno catalán se resiste a aceptar la resolución judicial, aunque ha reactivado el dispositivo electoral para que el 14-F pueda haber urnas –entre otras cosas, se reanudan los sorteos de los miembros de las mesas electorales–.

La Sala Contenciosa del TSJC ha decidido dejar en suspenso el aplazamiento de las elecciones porque considera que, si, finalmente, se acaba dando la razón a la parte demandante, «el recurso perdería su finalidad». Es decir, el tribunal entiende que el proceso electoral se inició el 22 de diciembre con la apertura de plazos para recoger avales y presentar candidaturas y debe seguir su curso mientras resuelve el fondo de la cuestión. En síntesis, el TSJC decreta la suspensión «con carácter instrumental o procedimental» y aspira a dictar una resolución final «con la mayor agilidad», aunque juristas consultados por este diario dudan de que pueda ser antes del mismo 14 de febrero.

En este marco, la única vía para frenar la celebración de elecciones el 14 de febrero es que el TSJC atienda las alegaciones de la Generalitat, que pivotarán sobre los informes jurídicos y sanitarios que ha ido preparando en las últimas semanas. En este sentido, la previsión epidemiológica elaborada por la conselleria de Salud proyecta una presión hospitalaria máxima entre el 3 y el 7 de febrero, una semana antes del 14-F. Con toda probabilidad, el tribunal decidirá este mismo jueves.

Como alternativa, también empieza a barajarse la posibilidad de elaborar un nuevo decreto para avanzar la fecha de las elecciones a marzo. Ese escenario tendría mejor encaje jurídico ya que una de los reproches más asiduos entre juristas es la «falta de competencia» del actual president en funciones Pere Aragonès para «desconvocar» las elecciones y luego «convocarlas» en función de cómo evolucione la pandemia, tal y como figura en el actual decreto. Es decir, los juristas subrayan que Aragonès es vicepresidente en «funciones de president» tras la inhabilitación de Quim Torra y tratan de poner el foco en la diferencia entre «aplazamiento» y «desconvocatoria»: para el aplazamiento sí tiene facultades el Govern –como ocurrió en País Vasco y Galicia– debido a la epidemia, pero no para «desconvocar» y «convocar».

Lo cierto es que el aplazamiento de las elecciones consiguió apoyo unánime entre las formaciones con representación parlamentaria porque la situación epidemiológica prevista para el 14-F es muy delicada, pero la fecha del 30 de mayo escogida por el Govern ha despertado muchas críticas desde el primer momento. ¿Por qué? Porque algunos partidos entienden que tiene un profundo «transfondo partidista» del independentismo al considerar que se pueden celebrar mucho antes –en marzo–, una consideración que tiene el apoyo de epidemiólogos de referencia como Salvador Macip u Oriol Mitjà, que prevén una cuarta ola a finales de mayo mientras que el coronavirus puede estar bajo control en marzo o abril. Con esta decisión, el TSJC ha tumbado provisionalmente los planes del independentismo para alejar las elecciones y tratar de remontar en las encuestas.

En este sentido, algunas encuestas empiezan a generar nerviosismo en el bloque independentista –tanto ERC como la CUP estaban a favor del 30-M, mientras que en JxCat hay matices– porque ya dan mayoría parlamentaria al bloque constitucionalista y la victoria del candidato del PSC, Salvador Illa, empieza a coger mucha fuerza. Esquerra, principal damnificada por la gestión de la pandemia, se está quedando rezagada en la carrera y ya anda en empate técnico con JxCat. Los republicanos, principales artífices del retraso electoral, aspiraban a ganar tiempo para poder recomponerse y tratar de conseguir también la salida de prisión de Oriol Junqueras como revulsivo. El exvicepresidente de la Generalitat habrá cumplido la cuarta parte de la condena en las próximas semanas y eso le permitirá obtener permisos penitenciarios para participar en la campaña electoral incluso en caso de que la cita con las urnas sea el 14-F. Si se celebraran el 30-M, ERC tendría también tiempo para desgastar al PSC con la petición del indulto.

Pero más allá de la batalla entre constitucionalistas e independentistas, la resolución judicial ha levantado de nuevo ampollas entre los socios de Govern. Josep Costa (JxCat), vicepresidente del Parlament y abogado de Carles Puigdemont, pidió inmediatamente dimisiones en el Govern por el batacazo ante el TSJC. En este sentido, también es cierto que Costa, muy afín a la candidata Laura Borràs, se ha mostrado partidario de que las elecciones se celebraran el 14-F desde el primer momento –ha propuesto una reforma legislativa para ello–. En JxCat se ha hecho patente la división que hay sobre la fecha electoral ya que desde el círculo más estrecho de Puigdemont se ha defendido el aplazamiento. También cabe recordar que las prisas de Borràs por las elecciones están basadas en que está pendiente de una causa judicial en el Tribunal Supremo.