El “apartheid” lingüístico en Cataluña: la Generalitat informa de la pandemia solo en catalán

La lengua ha suscitado mucha polémica en Cataluña desde hace años y continúa haciéndolo. Ahora, Sociedad Civil Catalana, entidad de referencia del constitucionalismo en la autonomía, ha publicado un informe que recoge multitud de quejas ciudadanas contra la Generalitat porque solo informa en catalán sobre un tema tan sensible como la pandemia. Así, según el estudio, la administración pública “emite todos sus comunicados de sanidad pública exclusivamente en catalán” y deja de lado al 54% de los residentes en Cataluña que hablan castellano.

En este sentido, a juicio de la entidad, la Generalitat está poniendo “en peligro la salud” de los ciudadanos. Como ejemplo, recogen la aplicación del 061 (urgencias médicas) para ponerse en contacto con el centro de salud solo estaba disponible en catalán. “Es incomprensible porque la aplicación había sido adaptada de la de la Junta de Andalucía y, por tanto, tendría que disponer de español”, exponen. Otra de las quejas recibidas es que el modelo de declaración responsable facilitado por la Generalitat para circular durante el confinamiento estaba solo en catalán o que la información oral y escrita o publicidad del CatSalud no se traducía al castellano.

Así, Sociedad Civil Catalana advierte de que se está “ignorando y desamparando a la mayor parte de la población catalana” -entre otras cosas, también explican la “atención humillante” de la Generalitat al instalar una versión del traductor de Google para español, inglés y francés en las web con “todas las deficiencias de un traductor automático”- y se está poniendo en “mayor riesgo de contraer” el coronavirus a la mayor parte de la población (el 54% de hispanohablantes).

“Hurtan información clave de salud pública a más de medio millón de ciudadanos mayores residentes en Cataluña que declaran no saber leer catalán, que difícilmente podrán cumplir las mínimas normas de salud pública”, alerta la entidad, que exige a la Generalitat que deje de vulnerar “los derechos lingüísticos” de los castellanohablantes.

Lo cierto es que el catalán vuelve a estar en el centro de la polémica mientras sigue sin aplicarse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del pasado mes de diciembre, que obliga a todas las escuelas públicas a impartir el 25% de las clases en castellano, como mínimo. La resolución judicial puso fin así al modelo de inmersión lingüística que lleva años imperando en la autonomía desde principios de los años 80, que diseñó Jordi Pujol para que el catalán se convirtiera en la única lengua vehicular de todos los centros educativos.

La sección quinta de la sala del Contencioso Administrativo del TSJC declaró “la obligación de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para que se garantice que todos los alumnos reciben de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante el uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso”, en alusión al castellano y al catalán.

Más recientemente, el TSJC dictó otras dos sentencias en las que tumbó dos proyectos lingüísticos de dos colegios que solo contemplaban el catalán como lengua vehicular. Las sentencias, publicadas el pasado 23 de enero, afectaban a un centro educativo situado en Barcelona y otro en Abrera (Barcelona). Ambas tienen un componente histórico porque se convirtieron en la primera anulación judicial de dos proyectos lingüísticos en Cataluña.