La mesa de diálogo se cita en 2022 a la espera de pactar algún traspaso previo

La mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat se volverá a reunir en 2022, a “principios del año que viene”. Con la fecha aún por definir, la próxima reunión no se producirá hasta dentro de dos meses como mínimo, tiempo que coincide con las negociaciones abiertas para ir avanzando en temas sectoriales y pactar alguna transferencia previa. El Govern de Pere Aragonès confirmó ayer el calendario y prevé que el foro se reúna por segunda vez en un encuentro “público” y en el que se está trabajando “de manera discreta”, tal como se acordó en la cumbre de septiembre.

“No está agendada aún, no tiene fecha”, aseguran en el Palau de la Generalitat sobre cuándo podría celebrarse o incluso en qué mes enmarcar el encuentro. Y es que el secretismo se ha impuesto en la negociación entre el Gobierno y la Generalitat, sin horizonte temporal concreto y con la voluntad de alejar al máximo los avances que se vayan logrando del escrutinio público, de los medios. De hecho, el trabajo fuera de los focos fue uno de los pocos acuerdos que pactaron Pedro Sánchez y Pere Aragonès en el Palau de la Generalitat en el cónclave de septiembre al margen de mantener sus posiciones de máximos: agenda del reencuentro por parte de la Moncloa y ley de amnistía y referéndum por el lado del independentismo.

Y nada ha trascendido hasta ahora de la reunión de principios de 2022 pese a que el Govern comunicó este calendario a los grupos de la oposición en una reunión, incluyendo la previsión de que la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat se produzca de nuevo a principios de año. Un extremo avanzado por el PSC el lunes y que ayer hizo público el Ejecutivo de Pere Aragonès.

Aunque no se prevén cambios en el fondo del conflicto –el independentismo no cederá en reclamación de un referéndum– este margen puede permitir a la práctica avanzar en temas sectoriales de la mano de comisiones concretas que dependen de la bilateral, un foro paralelo para negociar trasferencias e inversiones. Por ejemplo, este mismo mes de noviembre se debe reunir la comisión de Infraestructuras –para abordar la polémica gestión de Cercanías– y en diciembre se citará la de Asuntos Económicos y Fiscales. La bilateral de enero, que se celebrará con toda probabilidad antes de la mesa de diálogo, servirá a ambas para rendir cuentas y tratar de pactar algún traspaso.

En este sentido, desde el PSC remarcan que ya se han puesto en marcha las citadas comisiones al margen de la mesa como marco para acudir a la negociación con algún avance concreto, un escenario que también necesita Esquerra ante el independentismo.

Todo después de que tanto el Gobierno como el Govern tengan que aprobar sus respectivos presupuestos para que entren en vigor a principios de 2022.

Una negociación en la que ambos actores se volverán a cruzar, especialmente en el Congreso: ERC tiene la llave de las cuentas de Pedro Sánchez y en Cataluña el Ejecutivo de Pere Aragonès pretende aprobar las cuentas con la CUP, aunque el PSC de Salvador Illa se ha ofrecido en reiteradas ocasiones para salvar los presupuestos catalanes si los antisistema los tumban.

También queda por resolver el papel de Junts en la próxima reunión de 2022 después de que Aragonès dejara fuera a la delegación posconvergente al incluir a dos exdirigentes indultados, Jordi Sànchez y Jordi Turull, además del vicepresidente Jordi Puigneró y su líder en el Congreso, Míriam Nogueras. De momento, nada ha cambiado y Junts acusa al Gobierno de «vetarles» y a ERC de aplicar la decisión.

Hoy mismo, el propio expresidente Carles Puigdemont ha arremetido contra el foro entre el Estado y la Generalitat por su “sesgo partidista”. «Tienen razón: tiene un sesgo partidista, no es transversal y no representa al conjunto del independentismo, que es mayoritario en el Parlament de Cataluña (estaban hablando de la mesa de diálogo, no?)», lanzó después de que los republicanos no hayan apoyado las elecciones al parlamento fantasma del Consejo por la República.