Detenida la cocinera de una cárcel por introducir drogas y móviles

Los Mossos d’Esquadra han detenido este lunes por la mañana a una cocinera de la cárcel de Mas d’Enric, en El Catllar (Tarragona), por presuntamente introducir droga y móviles en la prisión.

La conselleria de Justicia ha explicado en un comunicado que los Mossos han actuado junto con Asuntos Penitenciarios para detenerla sobre las 7.30 horas, antes de que entrara en la cárcel para empezar su jornada laboral.

Los servicios de información de Mas d’Enric habían avisado de “indicios de que la mujer podía estar introduciendo droga y teléfonos móviles” en la prisión, y cuando la policía ha registrado sus objetos personales este lunes ha encontrado un paquete con droga y cinco teléfonos móviles.

Desde su apertura en noviembre de 2015, la cárcel tarraconense ha visto como ha aumentado paulatinamente el número de internos –763 el año pasado– y, con ello, las agresiones de presos a funcionarios, que desde 2019 han sido alrededor de veinte cada año. En los primeros meses de 2021 ya se produjeron once ataques a trabajadores penitenciarios, lo que demuestra que la tendencia es la misma o incluso peor, como denuncian desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Aseguran, en este sentido, que cada vez hay más vejaciones sexuales hacia las trabajadoras de la prisión y piden que los funcionarios sean considerados agentes de la autoridad para que estos actos no queden impunes.

Según cifras del departamento de Justícia, en 2017 hubo cinco agresiones leves y cuatro tentativas; en 2018, 14 agresiones, una de ellas grave, y 11 tentativas; en 2019, 20 agresiones, de las cuales cinco con heridas de gravedad, y 13 tentativas; en 2020, 13 agresiones, tres de ellas graves, y 13 tentativas –este año el CSIF contabilizó 21 ataques en total–; y, en lo que llevamos de 2021, ya se han producido tres agresiones graves, ocho leves y 13 intentos. Desde el Govern señalan que las cifras de 2017 son inferiores porque hasta el mes de abril de ese año no hubo un centenar de internos, cifra que se elevó hasta 400 el mes de setiembre.

«Nos sentimos indefensos, la impunidad provoca que las agresiones sean cada vez más graves», dijo Guillermo, el delegado CSIF en las cárceles de Tarragona.

No obstante, defienden que «todas las agresiones preocupan al departamento» y aseguran que «trabajamos la incidentalitad en los centros penitenciarios de forma conjunta con los profesionales y desde una doble vertiente, preventiva y también de atención al funcionario que se ha visto implicado en un episodio de este tipo». En este sentido, desde Justícia señalan que disponen de un programa de atención especializado de apoyo psicológico.