“Desokupar” una casa puede costar menos de 2.500 euros

La publicidad de las empresas de alarmas “antiokupas rezan que “Por norma general, si se trata de un desalojo rápido, sin mayores problemas, la tarifa estándar suele serunos 2.500€. Este importe garantiza poder recuperar la vivienda para su disfrute o alquile, por lo que puede salir realmente económico.

A veces los okupas pueden negociar y pedir el pagos de 500 euros para irse cuando la empresa va a entablar una negociación con ellos, por tanto habría que abonar esta cantidad.

Se podría decir, por tanto, que las tarifas de las empresas antiokupación van desde los 500 euros hasta los 2500 euros, aunque podría ser más si el proceso se extiende en el tiempo o se trata de casos con circunstancias especiales.

No obstante, todo cambia con el tiempo que dura la “desokupación” y, sobre todo, si se quieren “acciones más fisicas”.

El asunto sale más a o menos a la luz por la invesyigación sobre la empresa, muy polémica, “Desokupa”, de Barcelona. Se sospecha que la compañía, dirigida por Daniel Esteve, explotó a una decena de sus empleados y despidió a dos de ellos de manera improcedente. Lo admitió el mismo Esteve finales de 2021 cuando llegó a un acuerdo con sus demandantes. Con el pacto, el jefe de esta empresa dedicada a desalojos extrajudiciales evitó el juicio, pero al mismo tiempo admitió que las acusaciones de parte de su antigua plantilla eran ciertas.

Según asegura el propio Estévez, esta empresa ha “devuelto” más de 70 viviendas a sus clientes en España a lo largo de su primer año de existencia. La mayoría de estos encargos los ha atendido en Barcelona. En Nou Barris y en el Raval ha consumado “más de 30 servicios”.

“Soy director de seguridad, hablo idiomas y estoy asesorado por abogados; de hecho, más de una veintena de bufetes han recomendado mis servicios a personas que han sufrido una ocupación”, asegura Estévez mostrando una placa que lleva en la cartera. Según su versión, no hay nada ilegal en sus actuaciones. “Ni somos matones ni ponemos la mano encima a nadie”, remarca con la misma vehemencia con la que responde cualquier duda que se lance sobre el dilema que suscita la existencia de una empresa que alivia a propietarios -a menudo inmobiliarias y grupos de inversores- frustrados con el Código Penal. “¿Qué dilema? Nosotros ayudamos a la buena gente que sufre ocupaciones en sus casas”.

El grupo del PSC ha entrado ya una propuesta parlamentaria que pide al Govern que “investigue” si los métodos de Desokupa respetan la ley. También para “denunciar” los vínculos de este grupo con “la extrema derecha” y con formaciones “paramilitares”.

Los Mossos d’Esquadra no se posicionan sobre la actividad de esta empresa. Avisan únicamente de que si alguna persona se siente “intimidada o coaccionada” por su forma de actuar debe llamar a la policía. Hasta la fecha, no hay ninguna denuncia.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario recuerdan que únicamente “un juez” puede ordenar un desalojo. En este sentido, inquieta la aparición de esta empresa porque “nadie puede forzar ni acelerar el abandono de una vivienda”. El consejero técnico de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, aseguró que la práctica de esta empresa es “totalmente improcedente desde el punto de vista legal”.

El principal objetivo es “negociar” con los ocupas “un precio” para que estos acepten marcharse. Si lo hacen, firman un documento con Desokupa en el que atestiguan que han recibido la cantidad acordada. En cuanto salen por la puerta, los trabajadores de Estévez colocan una alarma conectada con una empresa de seguridad y cambian la cerradura. A veces, incluso instalan una puerta ‘antiokupa’ que blinda por completo el acceso. Toda la secuencia, la filman “por seguridad”.

Fuentes conocedoras del caso informan ahora que el empresario barcelonés, Esteve, admitió que debía miles de euros en horas extras no pagadas. Los exmiembros de su equipo le reclamaban 200.000 euros. El empresario aceptó el pago de poco más de la mitad de esa cifra, por lo que Esteve desembolsó más de 100.000 euros de su dinero.

DESPIDO IMPROCEDENTE

En junio de 2020, una decena de trabajadores de Desokupa demandó a su jefe por explotación laboral. Dos de los afectados expresaron, además, que el empresario los había despedido de manera improcedente. Denunciaban jornadas de 24 horas seguidas sin descanso, un incumplimiento flagrante del Estatuto de Trabajadores. Algunos empleados trabajaban tres días seguidos y realizaban más de 100 horas en una semana.

No es la primera vez que la empresa admite irregularidades con sus empleados. Antes de este grupo de empleados, el fundador de este proyecto empresarial –criticado por algunos sectores de la izquierda y entidades antidesahucios como la PAH– ya pagó indemnizaciones a otros empleados., según las mismas fuentes.

Una parte de de los pagos a la decena de empleados que demandó en 2020 las ha asumido Fondo de Garantía Social (FOGASA) porque Esteve se declaró insolvente. Así lo asegura, también, uno de los entonces afectados, que pide mantenerse en el anonimato. Este hombre recibió 7.000 euros y sitúa la cantidad desembolsada total por su antiguo jefe en una horquilla de entre 90.000 y 120.000 euros. La mayoría de los afectados reclamaban, cada uno, un mínimo de 12.000 euros.