Cáritas y Foment de l’Habitatge Social se ven obligadas a desahuciar a una familia

Desde hace ya muchos meses, tanto Cáritas como la Fundació Foment de l’Habitatge Social -que hace ya 32 años impulsó la propia Cáritas pero que trabaja de forma independiente- y algunas de las personas que forman parte de ambas entidades llevan sufriendo una campaña de descrédito y desprestigio por haber puesto en marcha el procedimiento legal de desahucio de una pareja de georgianos a la que, en su día, se concedió una de las 460 viviendas de las que dispone la fundación para ceder a las familias vulnerables a un alquiler social muy bajo.

Ahora, a una semana del cuarto intento de desalojo de esta pareja y agotadas ya todas las vías de acuerdo y negociación con la misma, ambas entidades han querido dar a conocer cómo se han ido sucediendo los acontecimientos para haberse visto obligadas a recurrir a la justicia y desmentir así todas aquellas informaciones falsas y erróneas que, desde el Sindicat de l’Habitatge de Sant Andreu, se han difundido sobre este caso.

En 2013, esta familia, que entonces la integraban León y Maya, de 58 y 59 años, así como su hija, el yerno y un nieto menor de edad, acudieron a Cáritas para solicitar ayuda para hacer frente al alquiler de su vivienda y dos años más tarde la entidad proponía a la Fundación Habitatge Social su inclusión en el programa Oikos, a través del cual ofrece una vivienda a un alquiler muy social, que puede ir entre los 30 y los 280 euros en función de cada caso, a familias en situación de vulnerabilidad a cambio de que éstas se comprometan a seguir un plan de trabajo con un educador orientado a favorecer así la recuperación y autonomía de la familia beneficiaria.

A través de esta metodología de trabajo lo que la fundación busca es dar alojamiento a sus beneficiarlos, acompañarles y ayudarles en su proceso de recuperación para que, en un plazo de tiempo razonable, puedan ser ellos mismos quienes gestionen el tema de la vivienda, ya sea mediante la solicitud de un piso de vivienda social o a través de otros procedimientos, como el alquiler social. En cuanto a lo que se refiere a los suministros, éstos se ponen a nombre de la propia fundación, a la que los beneficiarios deben abonar el importe de la factura, y de esta manera se evita el corte de los mismos ante posibles impagos.

En definitiva, los pisos que la Fundació Foment de l’Habitatge Social cede a las familias beneficiarias no son definitivos, sino que son un tránsito hasta que, con el apoyo de la entidad y a través de un plan de trabajo con el educador, puedan superar la situación por ellas mismas y tengan la posibilidad de encontrar su propia vivienda, porque, de otro modo, se podría estar favoreciendo la cronificación de la pobreza y la situación de exclusión. Además, es importante destacar que el parque de vivienda del que dispone la entidad, formado por pisos de propiedad y otros cedidos por la administración, los bancos, empresas o particulares, es limitado y hay lista de espera para acceder a una de estas viviendas.

Se rompe la relación

En este contexto, en 2015 la fundación cedió una casa de 100 metros cuadrados, con dos plantas y jardín, ubicada en la calle Pons i Gallarza de Sant Andreu a la familia de León y Maya, que por entonces estaba integrada por cinco miembros, a cambio de su compromiso de seguir el plan de trabajo diseñado por el educador de forma personaliza, el cual establecía como puntos indispensables la solicitud de un piso de protección oficial o de emergencia y el acudir a los Servicios Social. Sin embargo, en 2017, la familia, que por entonces ya contaba con ingresos económicos a través de tres vías- Maia, León y el yerno- no había hecho ninguna de las dos cosas pese a la insistencia y los constantes avisos por parte de la entidad, que además ya había recibido quejas de los vecinos por la conducta de sus beneficiarios y tenía conocimiento del mal uso que éstos estaban haciendo de la vivienda.

Por entonces, la relación con los educadores sociales de la fundación, a los que ni siquiera dejaban acceder a la vivienda, era nula y además la familia dejó de pagar el alquiler social y los suministros. Sobre estos últimos, cabe señalar que, por esas fechas, la fundación recibió facturas de agua, luz y gas totalmente desproporcionadas, algunas de las cuales rondaban incluso los 900 euros. Ante esta situación, la entidad recordó a Maia y León que si no cumplían con el plan de trabajo ni hacían frente a sus responsabilidades económicas deberían abandonar la casa. No es la primera vez que la fundación ha tenido que lidiar con una situación de estas características, que solo se produce en menos del 0,5% de los casos, pero cuando en alguna ocasión una familia se ha negado a seguir con el plan, siempre ha accedido a abandonar la vivienda.

Continuas negativas

No fue este el caso de León y Maya, que persistieron en su actitud, hasta que en marzo de 2019, cuando la lista de espera para acceder a una vivienda de la entidad era ya de 27 familias, la hija de ambos, que por entonces ya tenía un segundo vástago, comunicó a la entidad que ella y su marido tenían un piso apalabrado pero que necesitaban ayuda para hacer frente a la fianza y a la mudanza para así salir de la vivienda. Entonces, Cáritas abonó esos 3 mil euros de la fianza y puso a disposición de la pareja un vehículo para que, junto a sus dos hijos, pudieran abandonar la casa de Pons i Gallarza y empezar su vida en una nueva vivienda. Sin embargo, esta marcha supuso la total desvinculación de Maia y León de la fundación y de Cáritas, pese a que ambos seguían residiendo en la la vivienda de alquiler social de Sant Andreu, la cual tiene capacidad para ocho personas.

Así las cosas, desde la fundación propusieron a la pareja su traslado a un piso más pequeño ubicado en Can Caralleu para así poder destinar esa casa a una familia con más integrantes y también se les comentó la idoneidad de diseñar un nuevo plan de trabajo dado que la situación familiar había cambiado con la marcha de la hija de ambos y su familia, sin embargo, ambos se negaron a aceptar ambas propuestas, ante lo cual la entidad tiró la toalla y ofreció a Maia y León la posibilidad de ayudarles económicamente para que pudieran acceder a un piso, como ya había hecho con su hija, pero, de nuevo, la pareja descartó esta posibilidad. De hecho, existe un documento interno en el que queda plasmada esta propuesta, pero ahora, tras las presiones y acusaciones recibidas por parte del Sindicat de l’Habitage de Sant Andreu, que no ha querido hacer declaraciones a los medios respecto a este asunto, la entidad lamenta haber pecado de inocente al no hacer realizado dicha propuesta de manera formal y con un documento firmado.

Agotadas ya todas las vías para llegar a un acuerdo con la pareja, que desde 2017 reside de forma legal en España, ese mismo 2019, se decide abrir un procedimiento legal para poder recuperar la vivienda y en la primavera de 2021 se lleva a cabo el primer lanzamiento, que resulta del todo infructuoso, de manera que se programa un segundo lanzamiento para ese mes de julio, que debe aplazarse también unos días debido a la intervención de miembros del sindicato. En ese impasse de tiempo, el sindicato y la familia emplazan a Cáritas y la Fundación Foment de l’Habitatge Social a una reunión con representantes del Ayuntamiento de Sant Andreu y de los Servicios Sociales, tras la negativa de las entidades sociales a acceder a la petición del sindicato de ofrecer de nuevo otra vivienda a la pareja, que ya había rechazado esta opción con anterioridad y había dejado clara su nula intención de seguir el plan de trabajo propuesto por el educador.

Se frena el desahucio

En ese encuentro, el Ayuntamiento se desinhibe del asunto y lo deja en manos de la fundación al entender que, en el caso de ceder una nueva vivienda a León y Maia, se estaría perjudicando a otras familias que llevarían tiempo esperando a poder acceder a este recurso. Pese a ello, tanto la fundación como Cáritas optan por dar una nueva oportunidad a la familia y proponen un nuevo acuerdo, que pasaba por la paralización del desahucio, el abandono de la vivienda por parte de la familia antes del 5 de noviembre de 2021, la asunción de la deuda acumulada, tanto en lo que se refiere a alquiler como en lo relativo al pago de suministros, que por entonces ya rondaba los 30 mil euros y que actualmente ya asciende a los 35 mil euros, por parte de Cáritas, que además se ofrecía a pagar a la familia 2.700 euros en concepto de tres meses de alquiler en una nuevo vivienda por la zona, y el compromiso del sindicato de ofrecer ayuda a Maya y León en la búsqueda de una nueva residencia.

Y pese a que el documento en el que se plasma el acuerdo es firmado por todas las partes, el 5 de noviembre la pareja no abandona la casa de la fundación. En su lugar, comenta a la entidad que tiene apalabrado un piso y que necesita una prórroga hasta el 31 de enero para poder dejar la vivienda, a lo cual ésta accede a cambio de que cesen las injurias y calumnias a través de las redes contra Cáritas y la propia fundación, un acuerdo que nunca se llega a plasmar en papel y que se incumple, puesto que, a los pocos días, se repiten los ataques a ambas entidades e incluso a personas concretas que forman parte de ellas.

A finales de enero, León dice estar enfermo y sugiere que quizá sea por COVID, de manera que se aplaza la fecha límite para abandonar la casa y, tras semanas sin noticias al respecto, la fundación decide retomar el proceso judicial y se programa para el próximo miércoles de 18 de mayo el cuatro lanzamiento, en el que esta vez sí acudieran los Mossos d’Esquadra para garantizar que el desahucio se pueda llevar a cabo. En este sentido, cabe recordar que, desde que se iniciara el proceso de desahucio de esta pareja, ha habido varias familias atendidas por la fundación que deberían haber entrado a vivir en ella y no han podido hacerlo por estar ocupada. De hecho, en la actualidad, esta vivienda ha sido asignada a una familia de cinco miembros, tres de ellos menores de edad, que se encuentra en proceso de desahucio por ocupación y sin ingresos, pero que, sin embargo, ha accedido a seguir un plan de trabajado diseñado por el educador con el fin de alcanzar su recuperación y poder así disponer de una vivienda por sus propios medios.

Al respecto, Laura Pujol, de la Fundació Foment de l’Habitatge Social, recuerda que el que esta familia siga ocupando una de las casas de su parque de viviendas cuando no está comprometida con el proyecto “supone no poder hacer nuestro trabajo y no poder dar entrada a una de las muchas familias que están en lista de espera para poder hacer su plan de trabajo y desarrollar su proceso de recuperación de esta situación en la que viven, así como que esos recursos que las personas e instituciones nos dan para realizar esta tarea social no se utilicen para tal cosa”.

“El principal problema que supone una situación como ésta es no poder desarrollar nuestro trabajo, es decir que no pueda entrar una familia comprometida con su futuro”, señala Laura Pujol, quien además indica que “a esta pareja ni Cáritas ni la fundación le han retirado la ayuda porque aún estamos haciéndonos cargo de su alquiler y suministros”, pero “le pedimos que, si no quiere trabajar su plan, deje la vivienda para que pueda entrar una familia que si lo quiere hacer”. Además, añade que “hasta el 17, esta familia aún tiene sobre la mesa esta ayuda que le ofrecimos en su día para poder acceder a otra vivienda y hacer la mudanza, pese a su falta de compromiso y el haber roto constantemente los acuerdos”

Veremos si el próximo 18 de mayo se logra poner fin a esta historia