Junts rechaza el pacto lingüístico para dar respuesta al 25% de castellano y abre un nuevo cisma con ERC

Junts dinamita el pacto lingüístico alcanzado con ERC, PSC y Comunes -que siguen contando con mayoría- para dar respuesta a la sentencia del 25% de castellano y se desmarca definitivamente de la reforma de la ley en el Parlament que los republicanos presentaron como aval ante el tribunal y que querían usar para defender la inmersión y sortear el bilingüismo.

En una rueda de prensa convocada de forma extraordinaria, el portavoz posconvergente Josep Rius ha anunciado que no participarán de ninguna reforma de la Ley de Política Lingüística porque consideran que “no tiene consenso político ni con el sector educativo y las entidades que defienden el catalán”.

Un anuncio que abre un nuevo cisma con Esquerra, socio de los posconvergentes en el Govern, y que llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenara el lunes a la Conselleria de Educación que ejecute en un máximo de 15 días la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano.

Según Rius, Junts trasladado esta decisión al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y a ERC, y también ha explicado que en los próximos días enviarán al Govern una propuesta “sobre como actuar para proteger el catalán”. Su intención es una reforma de la ley de educación vía decreto que blinde el catalán como lengua vehicular y siga marginando el castellano en las aulas, aunque aún se desconoce el fondo y su posicionamiento concreto.

La reforma de la Ley de Política Lingüística de 1998 ideada para esquivar la sentencia del 25% flexibiliza la inmersión en función de la realidad sociolingüística de cada centro y otorga al español categoría de lengua de “aprendizaje” pese a seguir blindando el catalán sin fijar porcentajes de uso como ordena la justicia. Concesiones más que suficientes para que los sectores más radicales del independentismo, con Junts a la cabeza, boicoteen el pacto y se nieguen a respaldarlo.

Cuenta atrás

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado a la Conselleria de Educación que ejecute en un máximo de 15 días -el 30 de mayo- la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano. Es decir, una clase más en español que la propia de lengua -debe ser una asignatura troncal- en todas las escuelas públicas y concertadas.

El TSJC ha explicado este lunes que ha requerido al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray (Esquerra), con el fin de que “dicte las instrucciones y establezca garantías de control” para que todos los alumnos del sistema educativo catalán reciban al menos el 25% de horas de clase en castellano en un máximo de dos semanas. La Generalitat, por su parte, ha anunciado que recurrirá.