Denuncian que la Generalitat acentúa las desigualdades con sus ayudas a la escuela concertada

La Fundació Bofill ha pedido revisar la actual regulación de los conciertos educativos porque “acentúa” las desigualdades y ha propuesto someter las mejoras en la financiación de dichos centros a una “mayor corresponsabilidad” contra la segregación escolar.

En una rueda de prensa este jueves, su director, Ismael Palacín, ha considerado que el peso de la concertada en Cataluña supone una “anomalía”, con un 31,5% del total de la matrícula.

Se sitúa así entre los siete sistemas educativos de la OCDE con mayor peso de la educación concertada, y Barcelona ciudad tiene un porcentaje del 54,4%.

La investigación internacional demuestra que los modelos de provisión mixta (pública y privada subvencionada) como el catalán tienden a aumentar la segregación escolar y desigualdades educativas. Una regulación pública eficaz es un primer paso necesario para reducirlas o compensarlas, como ya han dado otros países como Bélgica, Chile o Países Bajos.

En Cataluña, el decreto que hoy regula el sector concertado (del año 1993) es muy anterior a la Ley de Educación de Catalunya (2009). La LEC apostaba por una mayor integración, corresponsabilidad y equivalencia de la red pública y concertada, pero estos mínimos para garantizar un servicio educativo equitativo y corresponsable no se han logrado, puesto que no han ido acompañados del despliegue normativo necesario.

En la educación infantil de 2º ciclo y primaria, el sector público matricula 2,1 veces más alumnado extranjero, 1,6 veces más alumnado con necesidades educativas de soporte educativo y 4,2 veces más alumnado de bajo nivel socioeconómico. La cuota media de escolarización de los centros concertados en Cataluña es muy superior a la del resto de comunidades autónomas.

Indica el estudio que “algunas escuelas concertadas cobran cuotas a las familias de entre 500 y 930 euros, cifras que no se corresponden en ningún caso con la potencial infrafinanciación del sector concertado. El actual decreto de conciertos impide la planificación conjunta de la oferta educativa, generando situaciones de sobreoferta y segregación escolar”.

Consideran que “en el actual contexto de descenso demográfico y en el que habrá que cerrar grupos, la corresponsabilidad en la distribución equilibrada del alumnado debe ser un criterio prevalente en la toma de decisiones. Los convenios internacionales reconocen la obligación por parte de los estados de garantizar la libertad de educación, pero este derecho no comporta necesariamente la obligación por parte del Estado de financiar la educación privada. Los conciertos no son una subvención a una actividad educativa, sino un contrato entre la administración educativa y las escuelas concertadas por la provisión de un servicio público”.

OPina también la fundación que “la regulación actual en CCataluña convierte los conciertos en una subvención sin definir claramente sus deberes. La autorización y renovación de conciertos deben estar supeditadas a unos objetivos de equidad y de corresponsabilidad en la escolarización del alumnado socialmente desfavorecido. No es posible garantizar el derecho a la educación mediante la equidad y la calidad sin una adecuada regulación del sector concertado”.