La justicia europea entierra las posibilidades de Junqueras de acceder a su escaño al Parlamento Europeo

La justicia europea ha dado carpetazo este jueves de manera definitiva al caso Junqueras. Ya no quedan dudas de que el político de Esquerra Republicana no tiene ninguna opción de acceder al escaño del Parlamento Europeo, pese a haber sido elegido en las últimos comicios europeos como representante público.

El Tribunal de Justicia de la UE, máxima autoridad ante la que no cabe apelar, ha rechazado el recurso interpuesto por el líder independentista. El fallo conocido este jueves asegura que “la expiración del mandato de diputado europeo como consecuencia de una condena penal, constituye efectivamente un caso de anulación de mandato”.

El Parlamento Europeo se limitó en su sesión plenaria de enero de 2020 a recordar la decisión del Tribunal Supremo español por la que declaraba vacante el escaño, después que que Junqueras quedase inhabilitado para ocupar un cargo público tras la sentencia del procés.

La diferencia con Puigdemont

El caso de Junqueras fue completamente diferente al del ex president Carles Puigdemont al que se permitió acceder a su escaño ya que no había sido inhabilitado para ejercer cargo público.

Al haber huido a Bélgica, Puigdemont no ha sido juzgado todavía por los cargos que se imputan al resto de los políticos independentistas por los hechos vinculados al referéndum ilegal del 1 octubre. Los jueces europeos han concluido este jueves que la Eurocámara se limitó únicamente a seguir el veredicto de las autoridades nacionales y que en ningún momento tuvo margen de maniobra para no denegar a Junqueras el escaño.

Este caso presenta nuevas aristas, después de que la justicia europea haya reconocido ahora que el propio acceso de Puigdemont a su escaño fuera “probablemente de manera ilegal”. Así lo aseguró el pasado mes de octubre Norbert Lorenz, el representante legal de la Eurocámara en la vista que sobre la inmunidad de Carles Puigdemont en el Tribunal General de la UE.

El caso Puigdemont, en el aire

Ahora mismo la Eurocámara está estudiando si procede arrebatar su acta de eurodiputado a Carles Puigdemont ya que el político independentista no completó el procedimiento habitual para ser acreditado según la legislación española.

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Mertsola envió una misiva a la Junta Electoral Central después de que en el mes de mayo la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, presidida por el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vazquez, constatara no haber podido verificar las credenciales de los tres eurodiputados.

La Eurocámara, presidida entonces por el socialista David Sassoli, permitió en enero de 2020 que los eurodiputados independentistas recogieran sus actas sin haber completado los requisitos exigidos por la legislación nacional.

Poco antes, un fallo del Tribunal de Justicia de la UE había sentenciado que la inmunidad de un eurodiputado se adquiere en el mismo momento de la proclamación de los resultados electorales, en referencia al caso de Junqueras que estaba en esos momentos en prisión.

La lectura de la Eurocámara

Este fallo hizo interpretar al presidente de la Eurocámara que los eurodiputados independentistas que no estaban encarcelados podían ocupar su escaños sin jurar o acatar la Constitución española (Carles Puigdemont corría el riesgo de ser detenido en caso de viajar a nuestro país). El Tribunal Supremo español consideró entonces que no debía permitir a Junqueras desplazarse hasta la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.

Fuentes parlamentarias de la citada comisión consideran que, en el caso de Puigdemont, la decisión de Sassoli fue “meramente política”.

La junta electoral central contestó a Metsola en el mes de noviembre con una carta en la que explicaba los requisitos de la legislación nacional para ocupar un escaño en el Parlamento Europeo, pero todavía no se ha producido una respuesta oficial por parte de la Eurocámara cuyos servicios jurídicos siguen analizando la situación.

Se espera que la justicia europea se pronuncie en 2023 sobre la inmunidad de los políticos independentistas. Además, el alto tribunal europeo también debe responder a la cuestión prejudicial sobre el alcance de la orden de entrega para Carles Puigdemont. Tras conocerse el fallo, el Tribunal Supremo español decidirá sobre la reactivación de la euroorden.