En un movimiento que ha generado controversia, el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado un convenio con el Institut d'Estudis Catalans (IEC) para impulsar el uso del catalán entre los adolescentes y jóvenes de la ciudad. La subvención destinada a este proyecto asciende a 1,55 millones de euros, lo que equivale al 95% del coste total.

El acuerdo, que se llevará a cabo en los ejercicios 2025 y 2026, ha sido justificado por el consistorio como una medida estratégica para reforzar el uso del catalán en la ciudad. Algo que, sin duda, es más que necesario viendo los datos recientes que demuestran que la lengua mayoritaria está convirtiendo a la minoritaria en una lengua minorizada.

Sin embargo -y a pesar de que el catalán sea una lengua oficial del Estado español reconocida por la Constitución que tanto se apela en según que ocasiones-, esta iniciativa ha provocado -como era de esperar- reacciones encontradas, sobre todo entre quienes consideran que el dinero público debería destinarse a otros aspectos más urgentes para la ciudad.

Un proyecto millonario para promover el uso del catalán

El proyecto se presentará como una oportunidad para "promover el uso del catalán" entre los jóvenes, pero la cantidad de dinero invertido ha generado malestar entre ciertos sectores que consideran que esta política favorece imponer una lengua sobre otras, en lugar de fomentar el respeto y la convivencia entre las diversas lenguas y culturas presentes en la ciudad.

Este acuerdo, que no se tramitará a través de una convocatoria pública, ha sido calificado de "singular y estratégico"por el Ayuntamiento, argumentando que su especificidad justifica la intervención directa del consistorio. Para muchos, la utilización de una cantidad tan elevada de fondos para una sola causa, que consideran divisiva, no hace sino agrandar la polarización en la ciudad.

El debate sobre la cooficialidad del catalán y el gasto público destinado a su promoción es un tema caliente que sigue dividiendo a la población barcelonesa. Mientras algunos defienden la inclusión cultural y el fomento de la lengua autóctona, otros perciben este tipo de políticas como una imposición que pone en peligro la libertad de elección y los derechos de quienes no hablan catalán.

A medida que se desarrollan los detalles de este convenio y la implementación del proyecto, se espera que las tensiones entre los defensores y detractores de la política lingüística en Barcelona sigan creciendo.