Comunes e independentistas defienden a los imputados en Tsunami de la "persecución política" de la Justicia

Los grupos parlamentarios de En Comú Podem, Esquerra Republicana, Junts per Cataluña y la CUP han registrado conjuntamente en el Parlamento de Cataluña una declaración institucional en apoyo a los activistas y dirigentes del 'procés' encausados en el caso "Tsunami Democratic" en la que les defienden de lo que entienden es una "persecución política" que está llevando a cabo contra ellos la Justicia, según adelanta EFE.

Independentistas y la federación de Sumar en Cataluña piden que se retire las imputaciones por terrorismo a los diez procesados en la Audiencia Nacional (AN) y los dos dirigentes independentistas, Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg, que lo están ante el Tribunal Supremo (TS) por ser aforados. Uno en su condición de eurodiputado de Junts y otro por ser aún diputado republicano en el Parlamento catalán, pese a estar huido en Suiza.

Lo hacen, de hecho, muy cerca de que comience la campaña electoral de las autonómicas catalanas del próximo 12M ya que se espera que en próximos días reciba el visto bueno de la Mesa del Parlament. Consideran que el grupo "Tsunami Democratic" forma parte de los movimientos populares del independentismo y en ningún caso ha operado como un elemento terrorista en sus protestas.

La declaración impulsa por todos los grupos a excepción del PP, PSC y Vox considera que los actos que se investigan en el caso están avalados por el derecho a la protesta, que es un "mecanismo esencial para alcanzar cambios sociales y defender propuestas políticas legítimas como el derecho a la autodeterminación" de Cataluña como región, tal y como se puede leer en el documento al que ha accedido la citada agencia.

Legitiman, por tanto, la existencia y la actividad del grupo que se investiga y consideran que se limitó a la manifestación en favor de la independencia de la región catalana.

Asimismo, la petición, que previsiblemente será aprobada el miércoles en el pleno de la Cámara catalana, reclama al Estado central y al Congreso de los Diputados que cesen la "represión" contra el secesionismo catalán y, en este sentido, empresa las debidas reformas en la legislación para que "nunca más" pueda, según ellos, verse equiparada la "disidencia política" con el terrorismo.

Como ya informó LA RAZÓN, ocho de los doce investigados en la causa han abandonado España para evitar ser juzgados por tribunales españoles con destino países en los que no tienen validez las euroórdenes y cuyas autoridades no son proclives a colaborar con las judiciales españoles.

En Suiza se han instalado, además de Wagensberg, el miembro Cultural Oleguer Serra, el empresario Josep Campmajó, el periodista del medio digital "La Directa" Jesús Rodríguez, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que reside allí desde 2018.

El exconseller de ERC Xavier Vendrell, también acusado en el "caso Volhov" de presunto desvío de dinero público al 'procés', vive entre nuestro país y Colombia, donde dirige distintos negocios.

En España se encuentran de forma permanente el jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Allah, el editor Oriol Soler, y la dirigente de ERC y empresaria Marta Molina.

En Bélgica vivió el independentista Jaume Cabani a raíz del 1-O y hasta hace pocas semanas el expresidente Carles Puigdemont, que se ha trasladado a Perpignan (Francia) para estar más cerca de sus electores como candidato a la Generalitat por Junts.

Cabani y el banquero italiano Nicola Foglia, que era titular de una cuenta bancaria en Suizo que se cree habría servido para financiar las acciones de Tsunami Democràtic, no han podido ser localizados de momento por la AN para tomarles declaración.