La ampliación del aeropuerto tensa la relación de Illa con sus socios

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presentó esta semana su propuesta de ampliación del aeropuerto de El Prat, uno de los asuntos más sensibles, y controvertidos, de la política catalana y de esta legislatura. La iniciativa, trabajada desde septiembre en una comisión técnica con Aena, el Ministerio de Transportes y la Generalitat, contempla alargar en 500 metros la tercera pista del aeródromo, lo que permitiría pasar de los 55 millones de pasajeros anuales actuales a los 70 millones. También abriría la puerta a nuevos vuelos intercontinentales hacia Asia y Estados Unidos.

Sin embargo, la presentación del proyecto ha encendido las alarmas entre los comunes y ERC, socios parlamentarios del PSC. Ambos han criticado con dureza el anuncio y han adelantado que harán todo lo posible para frenarlo, aunque, por el momento, descartan romper la alianza de gobierno. No obstante, ha despertado alabanzas a partes iguales por parte del establishment económico, quien tras semanas de desencanto con Illa por sus acercamientos a posiciones económicas extremistas, considera que ha vuelto a la senda de la moderación.

Rechazo frontal de sus socios

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, fue especialmente crítica. Acusó a Illa de justificar la ampliación con «argumentos de Aena» y de olvidar los aeropuertos de Reus y Girona. «Defender Cataluña hoy es defender que Aena saque las garras de nuestro aeropuerto», sentenció. Como siempre, ERC juzga cualquier medida en función de si es más o menos «españolista». Desde los comunes, por su parte, son más pragmáticos y se guían por sus posiciones ambientalistas. El portavoz David Cid calificó el plan de «propio del siglo XX» y alertó de su impacto sobre el medio ambiente, la vivienda y el servicio de Rodalies. Apuesta por llevar la batalla a Bruselas, confiando en que la Comisión Europea frene el proyecto.

Ambos partidos evitan, sin embargo, hablar de «líneas rojas» con vistas a los presupuestos de 2026. La tensión es evidente, pero aún contenida. Nadie quiere aparecer como el responsable de dinamitar la legislatura.

Consciente de que la legislatura depende de sus socios, Illa fue especialmente cuidadoso y ambiguo en los pactos de investidura en la materia del aeropuerto. Se habla de «modernización» y de superar la especialización en vuelos de corto recorrido, pero se evita la palabra «ampliación». Se enfatiza, eso sí, la necesidad de que la Generalitat tenga voz, aunque no necesariamente voto, en la gobernanza del sistema aeroportuario catalán. El documento también pone límites claros: respeto a los espacios protegidos de la Ricarda y el Remolar, cumplimiento de las directivas europeas y un techo de emisiones que no supere el actual. El pacto con los comunes, por su parte, omite cualquier referencia al aeropuerto. Las diferencias en este punto son irreconciliables. Los de Jéssica Albiach insisten en la sostenibilidad, la movilidad pública y la reducción de emisiones. Y, pese a su tono crítico, por ahora mantienen su apoyo parlamentario a Illa.

Illa, además, desde que presentó el proyecto el martes, aprovecha cualquier intervención para dejar claro que el proyecto es lo más respetuoso que puede ser con el entorno y que, incluso, mejora las condiciones de La Ricarda. Además, afirma que se abre a «mecanismos» para explorar que la Generalitat participe en la gobernanza de la infraestructura. Sin renunciar a la ampliación, cede ante sus dos socios en materia medioambiental y en materia de autogobierno para no tensar la legislatura.

El empresariado aplaude

La gran novedad del anuncio no fue política, sino económica. El vicepresidente de Foment del Treball, Lluís Moreno, celebró la propuesta, que calificó de «paso adelante para poner a Cataluña en marcha». Aseguró que el proyecto equilibra crecimiento y sostenibilidad con la creación de nuevas zonas húmedas y un fondo ambiental. Del mismo modo, el presidente, Josep Sánchez Llibre, calificó al gobierno de Illa de ser más «business friendly» que el ejecutivo de ERC de Pere Aragonès.

La reacción del mundo empresarial contrasta con el desencanto que había cundido en los últimos meses. Las cesiones del Govern a ERC y los comunes en materia de vivienda y fiscalidad habían alejado al PSC de su tradicional perfil moderado. Sánchez Llibre llegó a calificar la ley de alquileres temporales de «mayor atentado a la propiedad privada» desde la Transición y el presidente del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, le recriminó a Illa, ante toda la plana empresarial, que sus pactos no estaban gustando nada. Illa, pues, consciente de que el proyecto puede generar prosperidad Cataluña y supone un aumento algo significativo de su PIB, defiende en todo momento que la ampliación será beneficiosa para la región y para situar a Cataluña, de nuevo, como motor de España.