Polémica

La extrema derecha independentista entrega emigrantes ilegales a la policía en Ripoll

Unos agentes locales encontraron a una persona durmiendo en un parque y se le ha abierto un expediente de expulsión

Foto facilitada por el Ayuntamiento de Ripoll del emigrante sin techo
Foto facilitada por el Ayuntamiento de Ripoll del emigrante sin techoAyuntamiento de Ripoll

El Ayuntamiento de Ripoll, bajo el gobierno del partido independentista y de ultraderecha Aliança Catalana desde el 28 de mayo, ha generado controversia en las redes sociales tras informar sobre la entrega de un inmigrante en situación irregular a la Policía Nacional para expulsarlo del país.

En medio de la polémica, la alcaldesa Silvia Orriols defendió la acción en su cuenta personal de Twitter, afirmando que "entrar ilegalmente es un delito" y que permitirlo podría tener graves consecuencias económicas y culturales debido a un posible efecto llamada. Por otro lado, el concejal de la CUP, Dani Vilaseca, calificó la publicación del consistorio como "repugnante".

El tuit emitido por el ayuntamiento, acompañado de una fotografía, detalla que "la Policía Local de Ripoll descubrió a una persona durmiendo en la zona de la Devesa del Pla" y que esta confesó estar en situación irregular.

"Una vez que los agentes se pusieron en contacto con el Cuerpo Nacional de Policía y realizaron las verificaciones necesarias, se procedió a su traslado para abrir un expediente de expulsión", añadió la publicación.

En medio de un debate en redes sociales con críticas y mensajes de apoyo, Silvia Orriols manifestó que aquellos que acusan al Ayuntamiento de Ripoll de "fascismo por intentar poner orden en el descontrol inmigratorio" deberían considerar que la regulación de la inmigración es una práctica común en todos los países.

El activista Mohamed El Amrani, reconocido con el premio Social de la Fundación Princesa de Girona, también se manifestó en contra de la acción del Ayuntamiento y calificó el tuit de "vomitivo, preocupante y vergonzoso". Según El Amrani, esta acción representa "un ataque flagrante a la dignidad y a los derechos humanos".