El Govern encarga una auditoría a la OCDE para evaluar las leyes catalanas

El Govern de Cataluña liderado por Salvador Illa ha anunciado esta mañana el encargo de una auditoría externa para evaluar las leyes catalanas. Así lo ha aprobado el ejecutivo catalán durante el Consell Executiu celebrado esta mañana en la Generalitat, en el que el Govern ha suscrito un convenio de colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) "para la realización de una evaluación que servirá para revisar y mejorar las normas que regulan la vida cotidiana de las personas y la actividad económica en Cataluña".

En una rueda de prensa tras la reunión del Govern, la portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, ha enmarcado la medida en el objetivo del presidente de la Generalitat de ser "más cercanos y más eficaces" de cara a gestionar los servicios públicos y atender a la ciudadanía.

Según el Govern, en Cataluña "hace años que se llevan a cabo actuaciones de mejora de la regulación", como por ejemplo la evaluación del impacto de las leyes antes y después de su aprobación, la simplificación de los procedimientos administrativos o la reducción del stock normativo y sus costes "innecesarios".

De esta manera, con el acuerdo el Govern encarga a la OCDE la realización de una auditoría sobre cómo se diseñan, se aplican y se evalúan las leyes en Cataluña. Tras el análisis, según ha informado la Generalitat, "se harán recomendaciones para que el ejecutivo catalán adecue la política de mejora de la regulación a las mejores prácticas internacionales".

El convenio incluye, además, formar personal de la administración y hacer un seguimiento de los cambios propuestos. En este sentido, la OCDE entrevistará al personal técnico, a representantes del mundo local, a entidades sociales y económicas, que formarán parte del informe, realizado por varios expertos de otros países.

El estudio se iniciará este mismo año y tendrá una duración de 18 meses. En total, el Govern ha destinado 360.000 euros para la realización de esta auditoría que, según Paneque, espera que permita a Cataluña "legislar de una manera más clara y más eficaz".

Agilizar la administración

El Govern ha impulsado estos últimos meses varias normas enfocadas a agilizar la administración. Este agosto, el ejecutivo presentó una reforma de la administración para simplificar más de 170 trámites burocráticos.

Concretamente, se buscaba acortar tiempos de espera, eliminar pasos innecesarios y facilitar la experiencia ciudadana con los servicios públicos. "Queremos hacer la vida más fácil a la gente", aseguró recientemente el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau.

En este mismo sentido, el Parlament aprobó en julio una iniciativa del Govern con el objetivo de profesionalizar los altos cargos de la Generalitat, alejando su designación del reparto político.

La norma establece un nuevo sistema de selección para los directores y subdirectores generales, unos 900 cargos en total, que deberán superar un proceso abierto y competitivo basado en los principios de mérito, capacidad, publicidad e idoneidad, según explicó Dalmau.

Además, en mayo de este año, la Generalitat creó una nueva Dirección General para "agilizar" la Administración con Inteligencia Artificial.

Algunos de los proyectos concretos de la nueva dirección son la incorporación de asistentes virtuales para hacer trámites o la inclusión de herramientas inteligentes para redactar sentencias o informes ambientales.