Illa salva sobre la campana el decreto sobre vivienda y Cataluña regulará los alquileres de temporada

El Govern ha logrado amarrar los apoyos necesarios para convalidar este miércoles en el Parlament el decreto de medidas urgentes sobre vivienda y urbanismo. La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, logró ayer cerrar un acuerdo clave con ERC, los Comuns y la CUP que desbloquea una negociación que había tensado la legislatura hasta el límite. A cambio de su apoyo, el decreto se tramitará como proyecto de ley, lo que permitirá a los grupos introducir enmiendas en su recorrido parlamentario.

El pacto alcanzado incluye tres de las principales exigencias de los comunes: regular el alquiler de temporada, proteger los pisos de vivienda social y reforzar el cuerpo de inspectores que vigilará el cumplimiento de la normativa. Estas carpetas llevaban semanas generando fricciones entre el Govern y sus socios de investidura, y hasta última hora los comunes advertían de que la legislatura “podía embarrancar” si no había avances decididos.

De la tensión al acuerdo

Hasta el lunes, el Ejecutivo catalán no tenía garantizados los apoyos suficientes para sacar adelante el texto. La presión de los Comuns iba en aumento, con su portavoz David Cid exigiendo no solo una regulación efectiva del alquiler, sino también garantías de que el decreto sería tramitado como ley y un calendario claro para su desarrollo. Sin ese compromiso, el grupo se negaba a ceder sus votos.

Finalmente, una reunión en la conselleria con representantes del PSC, ERC, Comuns y CUP desbloqueó la situación. El propio Salvador Illa podrá ahora sacar adelante un decreto que, según defienden desde el Govern, permitirá construir más vivienda pública en menos tiempo, simplificar trámites administrativos y avanzar en un régimen más exigente para los grandes tenedores.

Qué se ha pactado

En materia de alquiler de temporada, se establece que esta modalidad solo podrá destinarse a fines recreativos y turísticos, que deberán estar especificados en los contratos. El resto, independientemente de la duración, será considerado alquiler residencial y, por tanto, estará sometido a los topes de precio establecidos por la Ley de Vivienda. La misma lógica se aplicará al alquiler de habitaciones: la suma del precio de las estancias no podrá superar el límite permitido para la vivienda en su conjunto. Además, los ayuntamientos podrán decidir si permiten este tipo de alquileres en sus municipios o barrios.

También se ha acordado prorrogar la protección de las viviendas de protección oficial en zonas de mercado tensionado. La prórroga será automática mientras la zona mantenga dicha condición y permitirá mantener las condiciones de acceso y venta bajo control público durante al menos dos años más. Solo podrán venderse con precio regulado y a personas registradas como demandantes de vivienda social.

Por último, se amplía la definición de “gran tenedor” en el registro público: a partir de ahora no solo deberán inscribirse las personas jurídicas (empresas), sino también las físicas que superen el umbral establecido. Esta medida permitirá aplicarles el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 20% y dotará de mayor transparencia el mercado del alquiler.

"Un acuerdo de máximos"

Los Comuns celebraron el pacto como “un acuerdo de máximos”. David Cid afirmó que “hoy empezamos a poner fin a la barra libre del alquiler de temporada y de habitaciones para saltarse la ley”. Subrayó que sus prioridades han sido escuchadas y agradeció tanto al Sindicat de Llogateres como a la consellera Paneque por su predisposición.

Por su parte, la CUP, cuyo voto no era imprescindible, ha apoyado el decreto como “una conquista social” y ha insistido en que el mérito no es de un partido concreto, sino de una demanda social amplia y sostenida. La diputada Laure Vega remarcó que “esto será ley” y que el objetivo es evitar que los fondos buitre puedan esquivar los controles de precios y seguir expulsando a los vecinos de sus barrios