El independentismo radical vuelve a señalar a los médicos que no hablan catalán

El independentismo radical han llevado a cabo incluso, con dinero público, estudios para conocer el idioma en el que se atiende a los ciudadanos cuando acuden al médico.

El responsable del informe ha sido Miquel Gil, quien fue entrevistado hace algunos días en la televisión pública de la Diputación de Barcelona, donde se mostró alarmado al comprobar que «3 de cada 10 médicos no saben hablar en catalán en Cataluña. Es mucho más difícil reclamar los derechos lingüísticos, que son derechos reconocidos, en una situación en la que se es muy vulnerable«.

Mientras, la Generalitat ha cerrado para agosto parte de las camas del mayor hospital de Cataluña, el del Vall d'Hebron, debido a recortes presupuestarios.

Además, un informe de Médicos de Cataluña (MC) ha analizado el número de médicos que hay en Cataluña: 469 por cada 10.000 habitantes, siendo superior al de Alemania (447), Italia (400), Países Bajos (383), Francia (337) y Bélgica (321). Aun así, la Cambra de Comercio de Barcelona alerta de un “déficit estructural de médicos de familia y pediatras"en el territorio, que tiene el 64,9% de los médicos y médicas de primaria en relación a los cinco países del núcleo europeo mencionados antes, según datos de Eurostat del 2020.

La corporación destaca que esta cifra “tendió a convergir” los años previos a la crisis inmobiliaria, pasando del 59,6% en 2004 al 66,3% en el 2007, pero desde entonces se ha estancado en un 64,9% en el año de la pandemia. Así, el sindicato asevera que el déficit histórico de médicos de familia en el sistema de salud público catalán es “un indicativo del menosprecio constante hacia la atención primaria” que hay que frenar.

Precisamente, en la última convocatoria de plazas del proceso de estabilización y reducción de la temporalidad del personal del Instituto Catalán de la Salud (ICS), se establece el catalán como requisito indispensable para optar a una de las 12.480 ofertas para facultativos. Una condición muy criticada ya que «impide» a cualquier ciudadano español que no tenga el nivel de conocimiento exigido de este idioma optar a una de estas plazas, quedando por tanto excluido automáticamente del proceso.