Juzgada una banda criminal en Barcelona por alquilar pisos, reformarlos ilegalmente y realquilarlos a turistas

Alquilaban pisos falsificando documentación. Una vez alquilados, los reformaban ilegalmente para ampliar el número de habitaciones. Entonces, publicaban el apartamento en el portal Airbnb y lo realquilaban a turistas. Cuando el propietario legítimo se presentaba para ver qué estaba ocurriendo, estos lo increpaban violentamente para que se marchase.

Así funcionaba en la ciudad condal una presunta banda criminal formada por diez personas, entre los años 2017 y 2020, que está siendo juzgada en la Audiencia Provincial de Barcelona desde el pasado lunes. Dicha trama estafó a 49 propietarios, y se enfrenta a penas de entre tres años y medio y nueve años de prisión por los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, falsedad de documento mercantil y/o documento privado, extorsión y un delito leve de coacciones.

El modus operandi

El primer paso que llevó a cabo la presunta banda criminal, según la fiscal, fue crear una estructura para contactar con propietarios de bienes inmuebles que habían puesto en alquiler su vivienda. Para alquilarla, presentaban documentación alterada con el objetivo de aparentar solvencia económica. Una vez habían firmado el contrato de arrendamiento y, en algunos casos, habiendo abonado únicamente la fianza y alguna mensualidad, dejaban de pagar la cantidad restante. Es entonces cuando hacían obras sin comunicárselo al propietario. La finalidad de las reformas era aumentar el número de habitaciones y destinarlas al alquiler turístico.

Una vez habían acabado las obras, ponían en alquiler la vivienda a través del portal Airbnb sin ningún tipo de licencia, práctica con la que habrían ganado hasta 600.000 euros, al menos los cabecillas de la operación. En otras ocasiones, no realizaban obras pero formalizaban contratos de subarriendo también sin el consentimiento ni conocimiento de los propietarios. Uno de los casos investigados es el de un piso de 65 metros cuadrados a partir del cual ofertaron 9 habitaciones en Ciutat Vella. Sin embargo, la mayoría de las 49 viviendas usadas para estafar se encontraban en el distrito del Eixample.

Cuando los propietarios acudían a sus viviendas para ver qué pasaba, los acusados los increpaban violentamente exigiéndoles que se marcharan, incluso llamando a los Mossos de Escuadra o a la Guardia Urbana para que los expulsaran alegando que, anteriormente, habían firmado un contrato de arrendamiento en primera instancia. A veces, actuaban por ellos mismos: “prepárate para vivir en el infierno. Si te tengo que matar, te voy a matar, pero de ahí te vas a ir», fue una de las amenazas pronunciadas por uno de los presuntos criminales, tal y como recoge la fiscal en el escrito de acusación.

En la cúspide de esta organización criminal, la Fiscalía sitúa a un padre y a un hijo y a dos mujeres como los presuntos cabecillas de la trama, a los que atribuye la gestión de las reformas, la administración de toda la red de inmuebles y el cobro y reparto de los beneficios entre los implicados.